El prelado de Orihuela-Alicante ha sido denunciado por la plataforma ciudadana ‘Tu pueblo y el mío’ por presuntos delitos de odio y discriminación
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián
La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, a raíz de una denuncia presentada por la plataforma ciudadana ‘Tu pueblo y el mío’.
El escrito, remitido en julio al fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación, solicita esclarecer si las manifestaciones públicas del prelado pudieran constituir un delito cometido en el ejercicio de derechos fundamentales, en su modalidad de discurso de odio o lesión a la dignidad.
La denuncia se refiere a declaraciones efectuadas por Munilla en medios de comunicación y en el programa que dirige en Radio María. En concreto, se citan afirmaciones pronunciadas el 3 de mayo de 2024, en las que el obispo lamentó que “se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales […] si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas”.
En la misma intervención añadió: “Aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano”.
Según el presidente de la asociación denunciante, Lucas López Moreno, estas palabras “exceden el amparo de la libertad de expresión o religiosa” y podrían suponer una legitimación simbólica de las denominadas terapias de conversión, prohibidas por normativas autonómicas como la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 14 veta explícitamente prácticas de aversión o reconducción de la orientación sexual.
El procedimiento ha sido asumido por la Fiscalía de Madrid por razón de territorialidad, al haberse pronunciado las declaraciones en una emisora con sede en dicha comunidad. La Fiscalía deberá ahora determinar si procede el archivo de las diligencias o su judicialización.
En otras intervenciones recogidas en Vida Nueva en julio de 2024, el obispo calificó la prohibición de estas prácticas como un “liberticidio LGTBI”. El denunciante considera que estas manifestaciones “trivializan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica” y podrían alimentar un discurso de estigmatización.
La denuncia alude al artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses para quienes fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos de orientación o identidad sexual.
También cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, que limita el amparo de la libertad de expresión ante discursos que puedan suponer humillación hacia colectivos históricamente discriminados, así como informes internacionales que califican las terapias de conversión como una forma de trato degradante.
