Defensores de los derechos humanos y ambientales de Perú y Filipinas ofrecen su testimonio en Madrid
Líderes ambientales
Hasta el 21 de noviembre, Belém, en plena Amazonía brasileña, acoge la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). Estamos, pues, ante el 30º intento de la comunidad internacional para reducir el impacto de la contaminación en el medio ambiente, para amortiguar el sobrecalentamiento de la Tierra y para implementar, al fin, la ecología integral, la defensa del medio ambiente y la justicia restaurativa para los pueblos que padecen la devastación de sus ecosistemas por parte de intereses extranjeros.
De cara a esta cumbre esencial, la Federación Agustiniana Española (FAE) ofreció un encuentro informativo, este 5 de noviembre en la sede de ARCORES Internacional, en Madrid, con varios protagonistas directos que saben muy bien cuáles son las consecuencias de la injusticia climática en el Sur global.
Moderada por Marta Isabel González, del Grupo de Comunicación de Enlázate por la Justicia y representante de la Plataforma por Empresas Responsables (PER), la mesa redonda contó con la presencia de María Luz Canaquiri, líder indígena del pueblo Kukama, en la Amazonía peruana. La acompañó Rita Ruck Riera, abogada peruana que defiende los derechos de las comunidades amazónicas y su entorno natural al frente de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos. El último testimonio fue el de Jaazeal “Tagoy” Jakosalem, agustino recoleto filipino que, además de ser el presidente de ARCORES Internacional, lleva 25 años impulsando en su país numerosos programas de educación ambiental y proyectos de reconstrucción tras desastres naturales.
Canaquiri, reconocida con el Premio Goldman 2025 (conocido como el “Nobel verde”) por sus más de 30 años de lucha en defensa del río Marañón, recalcó que, “para nosotros, los pueblos originarios, el río es sagrado; es como un padre que nos da el agua para beber, nos da el pescado para comer”.
Por desgracia, tras más de 50 años de explotación petrolera en su territorio, con una contaminación que devasta toda manifestación de la vida, su pueblo y su tierra sufren inmensamente: “Las mujeres sufren abortos, algunos niños nacen con malformaciones, sin algunas partes del cuerpo”.
Sin embargo, cuando sus representantes alzan la voz y claman contra la pérdida de biodiversidad o la hostilidad hacia su identidad ancestral, las consecuencias son terribles y “nos criminalizan”. Así, pueden documentar “casi 50 muertos en protestas de comunidades andinas y amazónicas en 2023”, además de “los numerosos líderes detenidos por defender sus territorios”.
Como deploró, “mueren por defender nuestros territorios. La minería de oro y las grandes empresas matan. Destruyen la Amazonía y a nosotros”.
Jaazeal Jakosalem aprovechó la ocasión para presentar un documento pastoral conjunto de las Conferencias Episcopales de Asia, África, el Caribe y América Latina. Titulado ‘Un llamamiento por la justicia climática y la Casa común’, en él se recuerda que, “sin justicia climática, no hay paz. Sin conversión ecológica, no hay futuro. Sin escuchar a la gente, a las indígenas, no hay soluciones reales”.
El religioso filipino habló del tifón que semanas atrás devastó su país y no dudó en vincular este fenómeno natural con la mano del hombre. En concreto, “con la destrucción de los bosques y las comunidades indígenas”, como también sufren “en la Amazonía peruana”.
Frente a tales lacras, hay alternativa: “La sobriedad feliz y la conversión ecológica, como fundamentos de sociedades respetuosas con el medio ambiente”. Lo contrario lleva al abismo de “profundas crisis sociales, desatando la migración forzada y la profundización de las desigualdades entre el Norte y el Sur global”.
Por su parte, Marta Isabel González documentó varios casos de fuertes irresponsabilidades de empresas europeas en el extranjero, con consecuencias fatales. Tales como “el colapso de Rana Plaza en Bangladesh, en 2013, con 1.134 muertos, calificado como ‘homicidio industrial masivo’; el desastre de Brumadinho en Brasil, en 2019, con casi 300 muertos por vertido tóxico de una presa minera; o la apropiación de 11.000 hectáreas en Costa de Marfil para plantaciones de aceite de palma”.
Como detalló la comunicadora, “cuando estas noticias nos llegan aquí, nos preocupa que, al ir a comprar un producto, este pueda estar manchado de sangre”. De ahí que se deba legislar a favor de la “diligencia debida”, que “obliga a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y reparar vulneraciones de derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de su actividad”.
Eso sí, por ahora el camino se angosta: “Tras años de trabajo de la sociedad civil, en mayo de 2024 se aprobó la directiva europea sobre diligencia debida para empresas en materia de derechos humanos. Pero, apenas dos días después de la victoria electoral de Trump, en noviembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que ‘aligeraría’ esta directiva y otras relacionadas con el impacto social de la actividad empresarial, bajo presión de lobbies empresariales, especialmente del sector automovilístico alemán”.
