Tras su encuentro con el cardenal Parolin en Roma, el ministro se reunirá este miércoles con los obispos y la CONFER para abordar el plan de reparación integral, según ha podido confirmar Vida Nueva
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunirá mañana con los máximos responsables de la Iglesia española que están al frente de la gestión de la crisis de los abusos, en concreto, para abordar el plan de reparación para las víctimas que continúa siendo cuestionado por el Gobierno.
Según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’ de fuentes gubernamentales y eclesiales, la reunión tendrá lugar en Moncloa y Bolaños recibirá allí al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, y al secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Miguel Zamora, que, en principio, irían acompañados de los representantes de ambas instituciones en la comisión asesora independiente creada por la Iglesia para aplicar el Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos, conocido como PRIVA.
Esta ‘cumbre’ se celebrará cinco días después de que el viernes pasado el ministro responsable de la relación con las confesiones religiosas, llevara a cabo un viaje exprés a Roma para reunirse con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Sobre la mesa de esa cita entre Bolaños y el ‘primer ministro’ vaticano, en la que también participó la embajadora Isabel Celaá, dos habrían sido los asuntos fundamentales a tratar: el Valle de los Caídos y la lacra de la pederastia.
Sin embargo, en la reunión de mañana a priori, teniendo en cuenta quienes participaran en ella, se da por hecho que no se abordará la resignificación del Valle de los Caídos. Entre otras cosas, porque el interlocutor designado por la Santa Sede para esta cuestión, el cardenal José Cobo, no estará presente.
El objetivo de Bolaños, tanto con Parolin como con el equipo liderado por García Magán, sería cuestionar una vez más el sistema adoptado por la Iglesia española para indemnizar a las víctimas. En julio de 2024, el titular de Justicia intentó tirar por tierra la comisión al considerar que solo el Estado tiene legitimidad para “abordar el problema”. Incluso llegó a amenazar por carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, para que diera marcha atrás o congelara el proyecto de reparación integral. De la misma manera, improvisó una reunión exprés con algunas de las asociaciones de víctimas para intentar presionar a los obispos. Sin embargo, Bolaños no logró contar con el respaldo unánime del colectivo de supervivientes de la pederastia.
Aun así, el político socialista sostuvo entonces, y mantiene ahora, que “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado.
Sin embargo, la Iglesia siguió adelante, constituyó la comisión y puso en marcha hace un año todo el proceso para reparar las víctimas cuyo abusador había fallecido o el delito había prescrito. Prueba de ello es que, según datos facilitados por la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, en este tiempo ha resuelto 39 de las 89 solicitudes recibidas, con cantidades de indemnización que van desde los 3.000 a los 100.000 euros.
Entretanto, ¿qué ha hecho el Gobierno? En el Consejo de Ministros del martes 23 de abril de 2024, se aprobó un ambicioso plan de reparación a las víctimas que incluía, entre otras medidas, un organismo estatal independiente, similar al eclesial, que determinaría la cantidad a pagar a las víctimas a través de un fondo que se nutriría a medias entre el Estado y la Iglesia. Dieciocho meses después, Moncloa no ha implementado ni esta medida ni las otras anunciadas como un acto público de reparación o el estatuto de las víctimas.
El empeño del ministro de tirar por tierra este plan se llevaría a cabo cuando por la Iglesia ya ha pasado un grupo significativo de víctimas, frente a algunos colectivos como Infancia Robada que siguen oponiéndose a la propuesta de los obispos, pero no se han manifestado en contra de la demora de cerca de tres años del Ejecutivo de coalición a la hora de implementar adoptar medidas reales después de que el presidente Pedro Sánchez se reuniera en febrero de 2022 con el escritor Alejandro Palomas después de que confesara públicamente los abusos sufridos por parte de un religioso y le prometiera acciones inmediatas al respecto.
Hace una semana, el Ministerio de Juventud e Infancia lanzaba a modo de globo sonda, la propuesta de creación de una Comisión de Reconocimiento de víctimas de violencia sexual por parte de instituciones, como congregaciones religiosas, centros educativos o residencias, destinada a proponer medidas para la reparación y no repetición de los daños ocasionados a los menores.
El ministerio de Sira Rego quiere incluirlo en la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) en fase de negociación en el seno del Gobierno, recogiendo la recomendación del Defensor del Pueblo tras su informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y la petición reiterada de las asociaciones de víctimas.
