Según datos de la Defensoría del Pueblo, 517 familias están confinadas y en riesgo de desplazamiento forzado
Rubén Jaramillo, obispo de Buenaventura
Las comunidades del Bajo Calima, a 20 km de Buenaventura, en el occidente de Colombia, están bajo el asedio de grupos guerrilleros. Dolor e incertidumbre, así describe
Rubén Darío Jaramillo, obispo de esta jurisdicción, quien instó a los criminales a poner fin a la violencia.
El prelado está preocupado por la situación de más de 500 familias que viven bajo la amenaza de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Clamó por la paz en este territorio, que “callen las balas” por la dignidad y vida de “nuestros hermanos” en peligro.
“Elevamos una voz primero a Dios, primero al cielo, para que mueva los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz”, dijo.
Jaramillo ha pedido a los grupos armados que “están haciendo tanto daño a la comunidad que paren y respeten la dignidad de unas comunidades vulnerables”. Según datos de la Defensoría del Pueblo 517 familias están confinadas y en riesgo de desplazamiento forzado.
El conflicto por el control del territorio se ha intensificado en los últimos meses, causando zozobra, aislamiento, desabastecimiento en esta zona rural de Buenaventura.
Además del obispo, líderes eclesiales han denunciado al Estado por incumplir con las garantías mínimas de seguridad. A ello se suma la falta de atención médica que agrava la situación al punto de declarar una emergencia humanitaria.
El obispo pide a las autoridades civiles y militares actuar con contundencia para que ejerzan “ese compromiso de cuidar la vida y los bienes de nuestros hermanos, y que todos rodeemos a las autoridades en torno a este propósito”.
