León XIV, durante la audiencia general
Uno de los grandes retos del pontificado de Francisco fue sanear las finanzas de la Santa Sede y acabar con las malas prácticas que han llevado a escándalos como el del tristemente célebre ático londinense, que, además de acabar con la carrera eclesial del cardenal Angelo Becciu, ha supuesto un fuerte agujero para las arcas vaticanas, por no hablar del evidente descrédito.
Frente a ello, Bergoglio impuso un exhaustivo control. Lo que llevó, entre otras cosas, a que, en agosto de 2022, publicara un ‘rescriptum’ titulado ‘Instrucción sobre la administración y la gestión de las actividades financieras y de liquidez de la Santa Sede y de las instituciones vinculadas a la Santa Sede’.
Por él, entre otras cosas, se ordenaba que todos los activos y fondos líquidos de las diferentes estructuras vaticanas se transfirieran al Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como en Banco Vaticano. Lo que se traducía en que este era “el único administrador y custodio de los bienes muebles de la Santa Sede”.
Tres años después, León XIV ha publicado este 6 de octubre un ‘Motu proprio’ que, bajo el epígrafe ‘Coniuncta cura’, incluye un significativo matiz a esa decisión. Así, apelando a la “corresponsabilidad” como uno de los ejes de la Constitución Apostólica ‘Praedicate Evangelium’, del 19 de marzo de 2022, se recalca que “esta responsabilidad compartida, que también concierne a las instituciones curiales responsables de las actividades de inversión financiera de la Santa Sede”, requiere que “se definan claramente los roles y las responsabilidades de cada institución, haciendo posible que todos converjan en una dinámica de colaboración mutua”.
Para ello, “habiendo evaluado atentamente las recomendaciones aprobadas unánimemente por el Consejo de Economía” y tras consultar además “a personas expertas en la materia”, Prevost ha “derogado” el ‘rescriptum’ de Francisco y establece que, si lo consideran más eficiente, los distintos organismos vaticanos no estén obligados a operar con el IOR, sino que puedan hacerlo con otras entidades financieras ajenas a la vaticana.
Como hasta ahora, todas las decisiones financieras a tomar deben seguir cumpliendo “las disposiciones establecidas por el Comité de Inversiones, de conformidad con la Política de Inversiones aprobada”. La diferencia está en que, hasta hoy, toda inversión financiera de la Santa Sede, al ser regulada por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), hacía “uso efectivo de la estructura organizativa interna” del IOR. Desde ahora, ya no tendrá por qué ser así.
O no de un modo obligatorio. Y es que, “generalmente”, se mantendrá con esa práctica. Con la salvedad, que ahora se plasma por escrito, de que “los órganos competentes, según lo establecido por los estatutos del Comité de Inversiones, consideren más eficiente o conveniente utilizar intermediarios financieros establecidos en otros estados”.
