Los obispos venezolanos comienzan su Asamblea Plenaria denunciando la crisis política postelectoral

Tras la cuestionada toma de posesión de Nicolás Maduro, el 10 de enero, “Venezuela pasó de ser una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada”, denunció el presidente del Episcopado

Obispos venezolanos

Arrancó la edición 123 de la Asamblea Plenaria –con carácter electivo– de los obispos de Venezuela este 10 de febrero, en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello.



Esperan escoger a sus autoridades para el periodo 2025-2028 en medio de un clima político tenso, toda vez que Nicolás Maduro se ha posesionado presidente de la República sin demostrar su victoria y encarcelando a sus adversarios.

“Comienzo con un acercamiento a nuestro panorama político”, dijo, en su discurso de apertura, Jesús González de Zárate, presidente del Episcopado, puesto que “considero que la dimensión política, como ninguna otra, ha influenciado tanto el quehacer social como eclesial”.

Déficit democrático

Considera que este proceso electoral del 28 de julio de 2024 se dio “con déficit de garantías democráticas”. Primero, el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, porque estos comicios se realizaron con “falta de transparencia y equidad de los organismos electorales, la supresión de partidos y la ausencia de observadores electorales independientes”.

Aún cuando la participación fue masiva, en un clima de civismo y tolerancia, “lo que vino después después es de todos conocido” en referencia a las protestas espontáneas y a la cruenta represión estatal.

Lamentó que Maduro haya interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que lo favoreció, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) “nunca publicó las actas mesa por mesa, de acuerdo a la ley de procesos electorales en su artículo 125”.

Después de la cuestionada toma del 10 de enero “Venezuela pasó de ser una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada”, con todas las consecuencias que ello lleva consigo en el ámbito de la legalidad y el reconocimiento internacional.

Aumento de hostilidades

Lo destado después del 28 de julio fue calificado por el arzobispo como “una actitud hostil hacia la disidencia”. El ejecutivo acusó a la oposición de acciones terroristas antes de la toma de posesión del 10 enero “tomando medidas drásticas contra las mismas”.

Para González “esta respuesta configura un patrón bien definido y recurrente de actuación de las autoridades venezolanas en la línea del control y la represión de la disidencia política que causa preocupación dentro y fuera del país”.

Se han detenido a más de 2.000 personas – entre ellos menores – mientras que se ha censurado de manera sistemática a los medios de comunicación social, de hecho, con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos las denuncias documentadas de violaciones al derecho a la libertad de expresión aumentó 100% respecto al año 2023.

Sin embargo, a pesar de algunas liberaciones, particularmente a los menores de edad, “todavía son muchos los que permanecen encarcelados. La CEV debe seguir insistiendo en la plena libertad de estos privados de libertad, como lo hemos hecho hasta ahora”.

Todas estas hostilidades son protocolizadas mediante la aprobación de leyes que atentan contra libertades individuales por parte del Parlamento, como “Ley de Fiscalización de las ONG, de la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo, la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, la Ley Libertador Simón Bolívar”.

Alberto Ortega, prelado español y nuncio de Venezuela

El español Alberto Ortega, nuncio de Venezuela, acompañó la apertura de la asamblea. Foto: CEV

Serios cuestionamientos

El presidente del Episcopado criticó la propuesta de reforma de la Constitución anunciada por Nicolás Maduro, la cual “ha sido vista como un nuevo intento de coartar las libertades democráticas, a través de la modificación de la estructura del Estado”.

Además considera que la ayuda de la Comunidad Internacional es pendular y hasta incierta, por lo que “no podemos depender totalmente de ella, ya que el interés de otras naciones no coincide siempre con los nuestros” por muy importante que sea.

Cuestionó también las sanciones impuestas a funcionarios del régimen chavista por parte del Gobierno de EE.UU. y la Unión Europea preguntando si estas “han contribuido al proceso de redemocratización de Venezuela, cuál es su incidencia concreta en la realidad cotidiana y cuál es nuestra posición hacia ellas”.

A pesar de todas estas circunstancias adversas, ha elogiado “el deseo de cambio” del pueblo venezolano que se han mantenido en “una actitud cívica admirable”.

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