Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes recurrirán la regulación del asilo en el nuevo Reglamento de Extranjería

Las plataformas de la Iglesia se suman a otras organizaciones sociales para reclamar ante el Tribunal Supremo que se redoble la protección a los extranjeros

Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes

Cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas –Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes– han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado recientemente. Aunque reconocen que la normativa incorpora avances significativos, las entidades han decidido recurrir parcialmente algunos aspectos que consideran lesivos para los derechos de las personas solicitantes de protección internacional. Según señalan, el reglamento actual introduce cambios que impactan de forma negativa en situaciones clave para la inclusión y regularización de estas personas.



Protección internacional y arraigos

El punto central del recurso es la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos que establece el nuevo reglamento. Según la normativa, el tiempo como solicitante de protección internacional no computa como periodo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo. Esto significa que, en caso de denegación de la solicitud de asilo, la persona afectada deberá empezar desde cero el tiempo de permanencia previa para optar a esta vía de regularización.

Las organizaciones consideran que esta disposición afectará gravemente a cerca de la mitad de los solicitantes de asilo, quienes quedarían en situación administrativa irregular tras una denegación. Este obstáculo, advierten, desincentiva el ejercicio del derecho al asilo, al colocar a las personas en un limbo administrativo que impide su inclusión social y laboral en España.

Migrantes_familia

Seguimiento exhaustivo

Desde que se inició la elaboración del reglamento, estas cinco entidades han participado activamente en su análisis, elaborando propuestas concretas para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, consideran que algunos aspectos fundamentales de sus aportaciones no se han tenido en cuenta en el texto definitivo. Ante esta situación, las organizaciones han decidido acudir al Tribunal Supremo para exigir que la legislación española avance hacia la inclusión y la garantía efectiva de derechos. Según su valoración, esta es una oportunidad crucial para reforzar la cohesión social y promover la participación activa de las personas migrantes como ciudadanía plena.

Las entidades insisten en que el nuevo reglamento debería priorizar la protección de las personas más vulnerables, permitiendo que puedan regularizar su situación y construir un futuro digno en España. Por ello, consideran esencial que se revisen los puntos impugnados para garantizar un marco normativo más justo y coherente con los principios de los derechos humanos.

Noticias relacionadas