Después de tres años de iniciar su camino, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la regularización de unas 500.000 personas migrantes que viven en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021 ha pasado hoy por uno de sus momentos más críticos. Y es que, tras su admisión a trámite por el Congreso de los Diputados, en abril, cuando se generó un gran optimismo por el alto consenso alcanzado (contó con el voto favorable de todos los partidos políticos a excepción de Vox, que se posicionó en contra), estos meses ha pasado por un complicado proceso con las enmiendas de los distintos partidos.
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Pero este 17 de diciembre era la fecha marcada en rojo por quienes han impulsado una de las ILP con mayor respaldo ciudadano en nuestra historia democrática, con 700.000 firmas y 900 entidades comprometidas; buena parte de ellas, eclesiales. Y es que, como recalcaron en un comunicado en la víspera Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), hoy se celebraba “la ponencia parlamentaria encargada de negociar el texto definitivo, que daría refrendo a ese gran acuerdo”.
Intento fallido
Pero parece que no ha habido tal acuerdo y, como explica a Vida Nueva Xabier Parra, director de Sercade (Servicio Capuchino para el Desarrollo) y, como representante de REDES en la Comisión Promotora de la ILP, uno de los principales artífices eclesiales de entablar un diálogo directo con la mayoría de las fuerzas parlamentarias, “se traslada la decisión final a otra ponencia parlamentaria que se celebrará en enero”.
Pese a la lógica decepción, “pues hemos constatado que no hay ningún avance en cuanto al acercamiento de posturas”, también prevalece un cierto optimismo. O al menos alivio, ya que, “en las últimas horas, cundía la sensación de que podía haber un desmarque generalizado en los partidos más relevantes y la ILP podía morir”.
El diálogo se embarra
Por lo comprobado en sus conversaciones de estos días con varios representantes parlamentarios, Parra observa cómo, “técnicamente, las posiciones están cercanas al admitir que esta iniciativa puede ser necesaria y ayudar a determinadas personas en situación irregular y cuyos derechos no cubre la actual Ley de Extranjería. Pero, al final, cuando los partidos elevan la mirada de lo que tienen escrito en su papel, se mezclan muchas cuestiones que no tienen nada que ver con la ILP y el diálogo se embarra”.
Algo que, ante todo, se palpa “en la desconfianza que hay entre el PP y el PSOE, que dificulta cualquier avance. Lo que, por ejemplo, se observa en el punto de fricción que hay entre ellos por el traslado de competencias a Cataluña. Al figurar entre ellas la migración, se alejan las posturas”.
Acogida de migrantes en la Fundación Corazonistas. Foto: José Manuel Romera (Fundación Corazonistas)
Un texto garantista
A falta de comprobar el resultado oficial de la ponencia del Congreso, queda de manifiesto cómo no se ha cumplido el deseo que ayer expresaron en su comunicado conjunto Cáritas, Migraciones de la CEE, REDES y CONFER: que nuestros representantes parlamentarios “perseveren en negociar un texto garantista de derechos en la Proposición de Ley de regularización extraordinaria de personas migrantes actualmente en tramitación”.
Sufre así un revés una ILP que, iniciada en 2021, trata de visibilizar y mejorar las condiciones de vida de un sector de la población que en su mayoría ya está trabajando (aunque sin cotizar, siendo la suya una economía sumergida y sin derechos). Algo a lo que no ha sabido responder nuestra clase política, que tenía la misión de “acercar posturas para aprobar, con el grado de consenso que merece este asunto de Estado, un procedimiento que dé respuesta a un grupo de personas que se encuentran en las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad”.
Imposible por las vías ordinarias
Además de que, dicha luz verde, supondría “un complemento imprescindible al nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre, al dar respuesta a aquellos perfiles que no pueden regularizarse por las vías ordinarias que ofrece nuestra normativa de extranjería”.
Y es que, “un importante número de personas (que en ocasiones llevan mucho tiempo en nuestro país), tales como aquellas que no pueden acceder a un pasaporte de su país de origen o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica, entre muchas otras, tendrán que seguir viviendo las consecuencias de la irregularidad administrativa si esta iniciativa no sale adelante”.
Como concluían ayer las entidades eclesiales, “el anuncio de un acuerdo amplio de regularización extraordinaria de personas migrantes dará respuesta a una demanda de amplio interés social, además de ser un gesto político valiente y positivo a propósito del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este miércoles 18 de diciembre”. Tristemente, parece que habrá que esperar a enero. Como poco.
