A las diez de la mañana del 20 de diciembre estaban citados tanto la diócesis de Barbastro-Monzón como la Prelatura del Opus Dei para participar en un acto de conciliación que permitiera renegociar ante un juez el estatus de Torreciudad, el enclave epicentro de peregrinaciones vinculadas a la realidad eclesial fundada por san Josemaría Escrivá de Balaguer.
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Sin embargo, los responsables del santuario admiten que recibieron la notificación judicial el 2 de diciembre, pero declinaron participar en la cita promovida por el equipo del obispo Ángel Pérez Pueyo. Ante la negativa del Opus Dei a participar de esta vía, en Barbastro-Monzón no se descarta ninguna opción, pero llaman a poner en marcha todos los cauces de diálogo que sean posibles “para evitar un futurible pleito”. “Se quiere llegar un acuerdo y evitar que se llegue a una demanda judicial”, insisten.
Borrador presentado
Por su parte, desde la Prelatura dicen sentirse “desconcertados”, puesto que aseguran que el pasado 30 de agosto presentaron una propuesta a la Diócesis para actualizar la situación de Torreciudad y 28 de septiembre presentaron un borrador con los nuevos estatutos: “Se nos dijo que se estudiaría con diligencia y cariño y después nos enteramos de que han puesto en marcha la vía civil”.
Así lo han confirmado a ‘Vida Nueva’ fuentes de la Obra, que argumentan que el mero hecho de acudir a esta reunión podría implicar reconocer como ciertas algunas de las tesis episcopales. “El punto de partida no es reconocer que todo lo que hay en Torreciudad es ilegal, como pretende la Diócesis. Eso es inadmisible, porque todo está en regla. Se requiere una actualización jurídica, pero todo está acorde a derecho”, sostienen en el Opus Dei.
Revisión en 2020
Según ha explicado desde la Diócesis a esta revista, no han visto otra salida al conflicto abierto que la vía del acto de conciliación, con la intervención de un mediador judicial, tras constatar que diálogo con la Obra se ha enquistado. Fue en el año 2020, cuando la Prelatura solicitó al obispo Pérez Pueyo revisar el estatus de Torreciudad, que pasaría por actualizar tanto los estatutos como el convenio regulador. Ahí se enmarca un contrato que data de 1962, por el cual se cedía por tiempo indefinido al Opus Dei una ermita, una imagen del Virgen, una hospedería y unos terrenos anejos. A cambio, se entrega a la diócesis una cantidad anual que hoy por hoy asciende a 19,23 euros.
A partir de ahí, se convocaron más de una decena de reuniones entre ambas partes. La última tuvo lugar en enero de 2023, en la que participaron juristas de la Prelatura. En ese encuentro, unos y otros, tal y como ha podido saber ‘Vida Nueva’, habrían reconocido la necesidad de “empezar de cero” y construir un nuevo marco jurídico para Torreciudad.
Vía alternativa
Desde entonces, la relación entre ambas partes se enfrió y, según relatan fuentes del Obispado aragonés, es lo que llevó a buscar otra vía. El pasado 22 de julio, el obispo Ángel Pérez Pueyo abría el procedimiento del acto de conciliación ante el juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Barbastro. El equipo de Pérez Pueyo matiza a ‘Vida Nueva’ que con este acto de conciliación “no se demanda a nadie ni se denuncia a nadie”, sino que simplemente se busca la mediación judicial para “regularizar una situación que es irregular”. En este sentido, recuerdan que la cesión se realizó, no directamente al Opus Dei -que no existía como Prelatura-, sino a la empresa mercantil Inmobiliaria General Castellana, S. A., ya finiquitada y que se encontraría integrada en la entidad Desarrollo Social, S.A.. “Lo que se pide ahora es la nulidad de ese acuerdo, no con el objetivo de quedarnos con la ermita o quitarles a la Virgen”, defiende el Obispado, extremo que no comparten desde la Prelatura.
Por otro lado, hay quien ha dejado caer que el único objetivo de la Diócesis sería aumentar sus arcas, sabedores de los ingresos que se generan en Torreciudad. Incluso se habla de un canon anual de 600.000 euros que habría solicitado el Obispado a la Prelatura. Desde Barbastro-Monzón niegan que el interés sea monetario y desmienten que esta cantidad esté recogida en documento alguno y, por tanto, que se incluya en las peticiones del acto de conciliación.
