Las 10 recomendaciones de los obispos de Estados Unidos para proteger a los niños inmigrantes

Con la finalidad de prevenir que los menores migrantes no acompañados sean víctimas de trata de personas y otras situaciones como explotación laboral, los obispos de Estados Unidos enviaron al Congreso de su país 10 recomendaciones para protegerlos.

A nombre de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), el obispo de El Paso y presidente del Comité de Migración de la USCCB, Mark J. Seitz, compartió las sugerencias del Departamento de Migración y Servicios para Refugiados de la USCCB, con un conjunto de medidas que podrían tomarse para promover la protección de los niños migrantes no acompañados.

En el documento, el obispo Seitz reiteró el compromiso de la Iglesia con el bienestar de esos niños, antes y durante su tiempo bajo custodia federal, pues dijo: “Entre los migrantes, los niños no acompañados constituyen el grupo más vulnerable”, pues “es más probable que la explotación se produzca cuando los niños carecen de acceso a la asistencia y se aíslan de sus comunidades locales”.

Las 10 recomendaciones

Financiar completamente los servicios posteriores a la liberación de estos menores y otorgar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) autoridad para proporcionar servicios posteriores a la liberación siempre que se determine que es lo mejor para el niño. “Hacer que los servicios posteriores a la liberación estén disponibles desde el momento en que los niños son colocados con un patrocinador ayudar a mantener un contacto continuo con ellos, limitando así las oportunidades de que los niños queden aislados y sean más vulnerables a la explotación”.
Los obispos recomiendan que el Congreso aclare la autoridad de la ORR para reanudar el cuidado de niños no acompañados, particularmente cuando las agencias de bienestar locales no puedan o no quieran intervenir y la seguridad de un niño esté en riesgo. Asimismo, pide al Congreso financiar especialistas de campo federales posteriores a la liberación de los menores, para que sirvan como enlace entre los proveedores de atención comunitaria y la ORR.
Financiar servicios legales para los menores y establecer un proceso en los traumas que han enfrentado durante los procedimientos de inmigración. Y es que -dicen los obispos- “Muchos niños no acompañados presentes en los Estados Unidos han huido de la violencia y la inseguridad en sus países de origen”. “Están expuestos a experiencias desgarradoras y traumáticas en su viaje a los Estados Unidos. Al llegar al país, los niños son sometidos a procedimientos de inmigración que inherentemente requieren recordar y describir los detalles de su trauma, a menudo sin la asistencia de un abogado o recursos de salud mental”.
Designar un Oficial para la Prevención de la Trata de Niños dentro de la ORR. Como miembro de alto rango del equipo de liderazgo de la ORR, el Oficial de Prevención de la Trata de Niños (OCTP) asesoraría directamente al Director de la ORR y al Subsecretario de la Administración para Niños y Familias (ACF) en asuntos relacionados con la trata de niños.
Capacitar al personal de la ORR, a fin de que puedan identificar los signos de maltrato infantil y trata de personas. “El personal federal que participa en esta capacitación debe incluir oficiales de proyectos, especialistas federales en apoyo de campo, supervisores, asesores y coordinadores de casos”.
Supervisar el Centro Nacional de Llamadas de la ORR, que sirve como apoyo adicional para que los niños no acompañados y otras personas informen inquietudes o expresen una necesidad de asistencia, mientras los niños están bajo el cuidado de la ORR y después de su liberación.
Financiar la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo, ya que desempeña un papel importante en hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil y proteger a los niños de situaciones laborales peligrosas y de explotación, incluidos los niños no ciudadanos. En ese sentido, pidió al Congreso dar un mayor apoyo esa División “para garantizar que esté en mejores condiciones de llevar a cabo su mandato estatutario y promover la protección de todos los niños, ciudadanos o no”.
Apoyar a los coordinadores a nivel estatal para los niños no acompañados. “El Congreso debería apoyar el establecimiento de coordinadores a nivel estatal centrados en los niños migrantes no acompañados y los menores refugiados no acompañados, similares a los coordinadores existentes para los refugiados en general, que proporcionarían un recurso vital para estas poblaciones y sus cuidadores, adaptado a cada estado”.
Establecer una junta de revisión nacional independiente para evaluar e informar los esfuerzos del gobierno federal relacionados con los niños migrantes o refugiados. “El Congreso debería establecer una junta de revisión nacional independiente con miembros rotativos que representen a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la prestación de servicios directos, la aplicación de la ley y otras áreas relevantes para el cuidado y el bienestar de niños no ciudadanos para asesorar al Congreso y a la Administración sobre los esfuerzos del gobierno federal en esta área”.
Aprobar la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables. El Congreso creó la clasificación juvenil inmigrante especial (SIJ, por sus siglas en inglés) para brindar protección humanitaria a jóvenes no ciudadanos maltratados o abandonados en los Estados Unidos. “Los tribunales estatales son responsables de determinar si la reunificación con uno de los padres de dicho niño no es una opción viable debido al abuso, negligencia o abandono sufrido o una base similar según la ley estatal y si no es lo mejor para el niño regresar a su país de origen”.