En el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza del 21 al 23 de junio en Washington DC, Estados Unidos, el embajador del Vaticano ante el organismo internacional puso en la mesa el tema de la persecución religiosa en Nicaragua.
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El sacerdote de origen polaco, Miroslaw Wachowski, representante de la Santa Sede ante la OEA, explicó que la crisis en Nicaragua inquieta a la Iglesia, pues afecta tanto a personas como a instituciones, incluida la comunidad católica.
“La Santa Sede -explicó- está convencida de la necesidad de superar la lógica partidaria y trabajar de manera constante por el bien común”.
Cabe recordar que la persecución religiosa en Nicaragua se acentuó a partir de 2018 cuando la Iglesia respaldó las manifestaciones de la sociedad civil contra reformas al sistema de seguridad social.
Actualmente, el régimen de Daniel Ortega tiene en la cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión, y a un número indeterminado de sacerdotes en el exilio, así como a un obispo.
Para Miroslaw Wachowski, la salida a la crisis en Nicaragua incluye la búsqueda concreta de la paz, “fundada en la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y alcanzada a través del ejercicio paciente del diálogo”.
La Santa Sede es, junto con países como Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros, observador permanente ante la Asamblea General de la OEA.
La ONU denuncia intensificación de la persecución
Por su parte, la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, denunció que la persecución a miembros de la Iglesia católica se ha intensificado en los últimos meses en Nicaragua, por lo que pidió al régimen de Ortega detenerla.
A través de un informe actualizado de la situación en el país centroamericano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nada Al-Nashif expuso que, en los últimos meses, seis miembros de la Iglesia han sido expulsados y otros cuatro fueron detenidos.
Destacó el caso del obispo Rolando Álvarez, quien -dijo- pese a la ausencia de un juicio, purga una condena de 26 años en la cárcel La Modelo de Tipitapa, “en condiciones que violan las normas y estándares de derechos humanos, sin poder recibir visita y con malas condiciones de higiene”.
La alta comisionada adjunta, también informó que al menos tres diócesis han sufrido la congelación de sus cuentas bancarias, luego de que la Policía Nacional acusara a la Iglesia católica de lavado de dinero.
Este tipo de acciones -aseveró Al-Nashif- constituyen una violación del derecho a la libertad religiosa en Nicaragua. “Reitero nuestra llamada a que las autoridades nicaragüenses restablezcan un diálogo significativo con nuestra oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU”, concluyó Nada Al-Nashif, no sin antes pedir la liberación “inmediata e incondicional” de quienes han sido detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional de Nicaragua.
