La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, de la que Cáritas Española forma parte, ha realizado una serie de propuestas para garantizar que la nueva Ley de Cooperación garantice la coherencia de políticas; una cooperación que fomente la democracia y la participación ciudadana y se comprometa con el 0,7%.
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El anteproyecto de Ley, que llega al Consejo de Ministros y de ahí pasará a las Cámaras, supone, tal como señala la institución, “una oportunidad de conseguir una norma realmente transformadora”. Por este motivo, Cáritas Española “celebra la reforma del sistema de cooperación y, como miembro participante en las acciones de incidencia llevadas a cabo por la Coordinadora de ONGD, apoya las propuestas presentadas por esta plataforma para que la nueva norma “pueda responder a los desafíos globales actuales”.
“Este texto es el resultado de un amplio proceso de debate en el que, desde Cáritas Española, elogiamos algunos de las medidas contempladas que suponen un avance y una actualización necesaria de la actual Ley de Cooperación que data de 1998”, señala Pedro Carceller Icardo, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española. “Sin embargo”, continúa, “en el siguiente proceso parlamentario que previsiblemente comenzará en las próximas semanas, alentamos a los distintos grupos políticos a que aseguren un texto legal que acabe dotando a la cooperación española de una visión estratégica con medios y recursos suficientes para promover la justicia global y los derechos humanos”.
Hacia la Agenda 2030
De acuerdo al análisis realizado por la Coordinadora -en consenso con otros actores sociales-, el anteproyecto sienta las bases para promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, así como su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, también apunta que “es imposible llevar esto a la práctica sin un análisis del impacto de las políticas públicas a nivel global. Es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandato concreto al respecto y recursos suficientes para dar cuenta de tal tarea”.
Entre las propuestas hechas por la Coordinadora, también se señala que existen algunas cuestiones que deben ser abordadas para garantizar una cooperación del S.XXI. “La reforma del estatuto de la AECID, la cooperación financiera, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones”, son algunos asuntos que se pretenden desarrollar en reglamentos específicos. La participación de la sociedad civil debe ser asegurada tanto en el diálogo previo a los respectivos reglamentos, como en los diferentes órganos (AECID, Consejo Superior) e instrumentos (cooperación financiera).
“Es vital simplificar la burocracia y aligerar procesos”, apunta Cáritas. “Todos los actores del sistema, y, por tanto, la política de cooperación en su conjunto, mejorarían su impacto. La Ley General de Subvenciones debe ser reformada para garantizar la mayor efectividad posible en los procesos”.
