Jovenel Moïse gobierna por decreto a una Haití asediada por la pobreza, la corrupción y el terror de bandas criminales que han impuesto su “dictadura del secuestro”. Mientras él se aferra al poder a costa del sufrimiento de la población, la Iglesia ha vivido en carne propia la violencia desbordada al punto que el domingo de la Divina Misericordia, siete religiosos y tres laicos fueron secuestrados.
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Tras jornadas de oración y protestas encabezadas por la Conferencia de Obispos, lograron su liberación. “No podemos dejar que unos bandidos nos asesinen, violen y secuestren”, han expresado los prelados, quienes desde febrero de este año pidieron la renuncia del presidente por tener al país “al borde de la explosión”.
Gilbert Peltrop, presidente de la Conferencia Haitiana de Religiosos (CHR), explica a Vida Nueva que “dada la catástrofe de la gestión de Moïse desde julio 2018”, este debería renunciar, porque “cualquier persona en sus cabales lo haría”. Son muchas las razones para el presbítero, entre estas, “la falta de control del territorio nacional”, sobre todo “cuando el país está siendo controlado por los grupos armados que aterrorizan a diario a la población y desafían la fuerza policial”.
En efecto, el periodo del presidente llegaba hasta el 7 de febrero; sin embargo, sigue en el poder y ha convocado unas elecciones para este año incluida una reforma de la constitución. Peltrop duda de sus intenciones: “Le falta sentido de honor y de respetabilidad” y “no renunciará porque piensa que tiene el respaldo de Estados Unidos”.
Una consulta imposible
Por su parte Jean Denis Saint Félix, consejero de la CHR y superior de los jesuitas en Haití, asegura que “la gobernabilidad pasa por una condición básica: la lucha contra la corrupción y la impunidad”. El sacerdote es partidario de la revisión de algunos artículos de la Constitución, pero “esto tiene que hacerse según las disposiciones legales y dentro de un marco de una amplia consulta de los distintos sectores de la vida nacional”; en tanto, por la actual coyuntura, “las condiciones no están reunidas para esta reforma constitucional”, porque primero se debe atender con urgencia “el grave problema de inseguridad generalizada”
