El Senado tiene sobre la mesa pendiente de enmiendas y propuestas de veto el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al Lomloe conocida como ‘Ley Celaá’. Un proceso breve antes de su vuelta al Congreso para si aprobación definitiva y su publicación en el BOE. Las diferentes fuerzas políticas han confirmado que será un trámite breve en el que la propuesta saldrá sin cambios en el texto.
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Visto para sentencia
“La Lomloe ‘pasará’ por el Senado sin tocarlo y sin acoger ninguna de las propuestas de mejora. Un final precipitado que retrata a los políticos” para Antonio Roura Javier, director de la revista Religión y Escuela, que lamenta el proceso y las propuestas de la Ley Celaá. “Ya habrá tiempo de reprochar a los políticos que hayan dejado que la ley de educación se construyese más condicionada por las exigencias particulares, casi coacciones, que no tienen que ver con la educación –presupuestos, elecciones catalanas, ley de eutanasia…– de los partidos que soportan al gobierno que por la búsqueda del máximo acuerdo posible”, escribía en su blog este domingo, 13 de diciembre, Roura.
A partir de ahí, el experto se pregunta: “¿Qué razones hay para obviar, por primera vez en una ley orgánica, el dictamen del consejo de Estado? ¿Qué razones justifican que, por primera vez, no haya habido comparecencias en el Congreso? ¿Por qué se resuelve, por primera vez en una ley de educación, el trámite del Senado a esta velocidad, sin comparecencias, sin enmiendas? ¿por qué no se ha querido esperar a superar esta prueba de estrés para las escuelas que ha supuesto la crisis de la COVID y así extraer aprendizajes que nos ayuden a mejorar?”.
Entrando a algunos de los temas críticos, destaca Roura que “parece una broma presumir de que una ley es progresista en lo educativo porque, por ejemplo, ha conseguido que la calificación de la enseñanza de las religiones no compute en el expediente o porque no ha querido buscar una solución en la ley para las reclamaciones de los filósofos que reclaman más ética y pensamiento, o porque ha desconsiderado a la escuela concertada que reclamaba un espacio para sentirse integrada y reconocida en la Ley como una parte legítima y necesaria de la educación como servicio público a la sociedad”.
Sin consenso
“Mal aliada es la lógica del poder aplicada a la educación”, lamenta el director de la publicación. “La sociedad, la escuela, principalmente, lo que viene pidiendo es que los políticos construyan el mayor consenso posible y sobre ese presupuesto, no conseguido, se va a juzgar esta ley. La exigua mayoría 176 votos es consecuencia de un apoyo que está ligado a razones que nada tienen que ver con el consenso educativo”, añade.
Atendiendo a las circunstancias, recuerda que “la ley, larga en su gestación, ha tenido el dinamismo del agua estancada durante muchos meses en los que pareció languidecer. Súbitamente, por una urgencia incomprensible, se precipitan los plazos ignorando la elegancia y la altura moral del respeto a las formas. Una pena”. Y mirando a su aprobación, reivindica que “nos tocará trabajar y dar lo mejor de nosotros. La Conferencia Episcopal ha dado señales de entender, mejor que los políticos, los retos que tenemos por delante. No hay tiempo para más nostalgias de lo que pudo haber sido”. “Con estos mimbres, los que los políticos –tan en lo suyo– han querido legítimamente darse a sí mismos, tenemos la obligación de ser fieles a nuestra razón de ser en la escuela”, concluye.
