“Existe consenso en que la respuesta que ha ofrecido la Iglesia Católica (en Chile) a las denuncias sobre los abusos sexuales del clero ha sido limitada, insuficiente y negligente”. Así lo afirma el documento “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile”, una investigación realizada durante dos años por de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que repasa los últimos cincuenta años de esta lacra en el país.
- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
El informe indica que 194 clérigos (incluyendo hermanos y diáconos) han sido objeto de denuncias por abuso sexual a menores de 18 años, cometidos en Chile en el período 1970-2019. De esos casos, 52 están siendo o fueron investigados sólo por la justicia canónica, 18 sólo por la justicia ordinaria y 116 por ambas, de manera que sólo 8 casos han aparecido únicamente en la prensa y carecen de investigación en algún tribunal. “El 91% de los clérigos a quienes se ha abierto alguna investigación han recibido una acusación en la justicia canónica (119), ordinaria (8) o en ambas (49), lo que acredita la verosimilitud de casi todas las denuncias previas”, asegura el estudio.
“Del total de clérigos comprometidos, 167 de ellos son sacerdotes, lo que representa el 3,6% de los presbíteros del país que tienen o tuvieron tal condición en el período considerado en este estudio. Esta cifra es similar a la que se encuentra en los informes encargados por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (4,0%) y por la Conferencia Episcopal Alemana (4,4%) para períodos de tiempo semejantes”, se precisa en el documento.
Secreto eclesiástico
El estudio llega a afirmar que “las autoridades religiosas han tardado mucho en comprender (y en algunos casos no lo han hecho todavía) que el contacto sexual con menores de edad es una falta sacerdotal de muy diferente naturaleza, alcance y profundidad, en modo alguno subsumible en la falta tradicional de fornicación”. Luego describe tres rasgos de esa respuesta de las autoridades: “mantener los hechos en el marco del secreto eclesiástico de modo de evitar escándalo en el ejercicio del ministerio sacerdotal; mantener cualquier denuncia en el marco de la jurisdicción del tribunal eclesiástico y evitar el contacto con los tribunales civiles; y evitar sanciones disciplinarias contra el sacerdote involucrado, de donde provienen procedimientos como el traslado de parroquia o la reclusión en un cargo administrativo que soslayara el contacto pecaminoso”.
“El esfuerzo por mantener esta forma de respuesta en el caso del abuso de menores tuvo consecuencias completamente desastrosas. La iglesia ha perseverado en el secreto eclesiástico, a pesar de que esta vez se trata de hechos que causan legítima y evidente preocupación pública; ha desconocido sistemáticamente que el abuso de menores es un delito susceptible de sanciones penales y no solamente una falta o un pecado, y ha dispuesto sanciones casi siempre desproporcionadas a la gravedad del problema que incluyeron en muchos casos el expediente tradicional del traslado de sacerdotes que siguieron abusando de niños”, indica el informe.
Estudio interdisciplinario
Se trata de un estudio interdisciplinario realizado por iniciativa del centro universitario, a consecuencia de la fracasada visita del Papa Francisco a Chile en enero de 2018 y el posterior envío del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el integrante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, con el encargo de investigar las denuncias de abusos cometidos por sacerdotes en Chile.
En su presentación del documento, el rector de la PUC Ignacio Sánchez, recuerda el envío de esa misión investigadora y el contenido de la posterior “Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”, enviada por el Papa en la que reconoce que “no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”.
Luego, Sánchez indica los objetivos del estudio: “poder informar acerca del alcance y naturaleza de estos abusos; aclarar las dificultades que ha habido para ofrecer una respuesta eficaz y oportuna; estimar el daño e impacto que todo esto ha provocado en las víctimas; y también, en el corazón de todos los católicos y de la sociedad en su totalidad, de todo el pueblo de Dios que va en su camino”.
Josefina Martínez, psicóloga del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, en la presentación pública del documento expresó: “Con razón los sobrevivientes podrían preguntarse por qué recién ahora las universidades se dedican a estudiar el tema (…) Me inquieta que el interés surja después de la visita del Papa Francisco a Chile y no ante los casos que se denunciaron antes. El informe plantea la importancia de poner el foco de atención en una serie de factores ligados a la vida sacerdotal, me parece importante que futuros estudios pongan esfuerzo en eso y también en estudiar a otros religiosos no clérigos pues sabemos que el abuso también está presente ahí”.
En 80 páginas el documento hace su análisis en tres partes: naturaleza y alcance del abuso sexual de menores de edad en la iglesia chilena; respuesta de la iglesia frente a la crisis; e impacto y daño provocado por la crisis. En su elaboración trabajaron, durante 2 años, 16 académicos de 6 facultades quienes aseguraron el carácter interdisciplinario de su trabajo.
Acredita la verosimilitud de las denuncias
Las principales negligencias identificadas en el estudio señalan que “obispos y superiores de órdenes religiosas no activaron ninguna indagación a pesar de contar con antecedentes de comportamientos irregulares de los clérigos, mientras otros tardaron en iniciar indagatorias o lo hicieron solamente después de presiones que ejercieron la prensa y otros medios”. Algunas autoridades arguyen que “se trataba de rumores o de denuncias de oídas que no obligaban a tomar medidas”. Incluso algunas advertencias fueron realizadas por los mismos sacerdotes, pero fueron igualmente desoídas.
El informe también recoge amplia evidencia de las numerosas dificultades que enfrentaron las víctimas para hacer y acreditar su denuncia ante las autoridades religiosas, tales como el rechazo de la autoridad a considerar verosímiles los hechos denunciados, el esfuerzo deliberado de las autoridades para evitar que se hiciera formalmente una denuncia (ya sea civil o canónica) y la tentativa de autoridades religiosas de alcanzar un acuerdo previo con la víctima que evitase un proceso judicial mediante pago de dinero o algún otro medio de acuerdo.
Secretismo y clericalismo
El Consejo Nacional de prevención de abusos y de acompañamiento de víctimas es el único organismo que se ha dado la Conferencia Episcopal chilena. El informe afirma que este importante organismo “no ha tenido contacto significativo con víctimas durante todo este período y, por consiguiente, no ha logrado articular ninguna iniciativa de verdad, justicia y reparación de alcance nacional”.
También se describe en el informe las conductas de secretismo y clericalismo como factores que favorecen estos delitos. Consecuencia de ello, se describe el ambiente de encubrimiento que ha primado en la iglesia chilena hasta generar lo que el Papa Francisco llamó una “cultura del abuso y encubrimiento” en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile.
“La práctica de ocultar y guardar silencio respecto de las faltas cometidas por sacerdotes y religiosos a fin de proteger el renombre de la Iglesia y el prestigio de la misión sacerdotal ha debilitado enormemente la capacidad de responder adecuadamente en la hora actual”, expresa el informe.
Finalmente, el documento señala tres compromisos necesarios: “el cuidado y la atención de las víctimas. Se debe reconocer sin reserva alguna que todo comportamiento sexual ejercido sobre un menor de edad por parte de un sacerdote (o de cualquier adulto) es un abuso, al mismo tiempo inmoral y criminal”; “el compromiso con la verdad. Ninguna denuncia de abuso debe ser ocultada, desestimada o ignorada, aun cuando no reúna inmediatamente todos los elementos de verosimilitud necesarios”; y “la prevención, de tal suerte de asegurar que la Iglesia pueda ser considerada en adelante un lugar confiable y seguro para cualquier niño o niña de nuestro país, y que se pueda decir como en el Salmo, “un solo día en tu casa, vale más que otros mil, y prefiero el umbral de la casa de Dios, a vivir con los malvados” (Salmo 83)”.
