Un nuevo hecho de violencia se registró en Colombia con el asesinato de ocho jóvenes, entre 17 y 25 años, en Samaniego –departamento de Nariño– cuando un grupo de cuatro hombres armados ingresaron en la vereda Santa Catalina de esta población arremetiendo con fusiles y armas de corto alcance contra todas las personas que estaban allí en una fiesta la noche del sábado 15 de agosto. A esto se le suma la masacre de los 5 menores en la ciudad de Cali.
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Por ello los obispos de Colombia han expresado su “profunda aflicción y preocupación por las masacres” ocurridas en menos de una semana, por lo que hacen llegar a las familias “nuestra cercanía y solidaridad” como también “a los habitantes de las ciudades donde sucedieron estos crímenes” específicamente en las jurisdicciones eclesiales de Cali y de Ipiales.
Avanzar en los Acuerdos de Paz
“Estos hechos se suman a las amenazas a personas y a comunidades, a los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC-EP, y a los enfrentamientos armados por el control de las rutas del narcotráfico que se han verificado recientemente en otros departamentos del país, como Norte de Santander, Chocó, y Cauca”, han dicho.
Los prelados en anteriores ocasiones han rechazado el desbordamiento de la violencia, por lo que ratifican que “la vida humana es sagrada e inviolable, que ella constituye el primero y fundamental de los derechos”.
Además piden al Gobierno “seguir avanzando en la implementación de los Acuerdos de Paz” como también “a concentrar aún más esfuerzos para asegurar la protección efectiva y la atención integral a las comunidades” afectadas con mayor rigor por la violencia.
Garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes
Desde la El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), ente relacionado con la Conferencia de Obispos, han asegurado que “el asesinato de nueve jóvenes en Samaniego hace parte de una serie de masacres y ataques contra este sector de la población, desatadas por grupos armados ilegales”.
Mientras que “la masacre en la ciudad de Cali, el asesinato de dos niños en los límites entre Cauca y Valle, el reclutamiento forzado, las amenazas y la estigmatización, deben alertar y convocar a la sociedad, a impulsar una gran campaña de protección, respeto y garantía de derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Han pedido a las autoridades departamentales y nacionales “implementar medidas concertadas con la comunidad, a fortalecer los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, a desarrollar políticas tendientes a erradicar las violencias que afectan constantemente a las comunidades”.
Foto: Semana
