Apenas unas horas después de que el Defensor del Pueblo y entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) reclamaran al Ministerio del Interior la liberación de los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) “al no poder cumplirse la finalidad de su internamiento” (es decir, la posibilidad de su expulsión) ante el Estado de Alarma decretado por el coronavirus, la Administración ha empezado a seguir su propuesta.
Así, según constata el SJM en un comunicado, “los centros de Tarifa y Barcelona se encuentran ya vacíos, según las últimas informaciones, y otros están siguiendo un camino semejante”. Sin embargo, a la entidad jesuita le preocupa que esta acción se esté realizando sobre la marcha y sin coordinación, por lo que, en algunos casos, no se estaría llevando a cabo “con las garantías de protección necesarias para las personas internas”.
Que se blinde su protección
“La puesta en libertad –exigen– debe asegurar, según señala el Defensor del Pueblo, las medidas de seguridad y salud impuestas en el Estado de Alarma que el Gobierno decretó la pasada semana”. El objetivo es que los internos liberados no sean dejados a su suerte, en pleno pico de la pandemia que afecta a nuestro país y con la mayor parte de la población confinada en su casa.
Aunque parece ser que no es el caso, pues se estarían adoptando “acciones conjuntas por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Secretaría de Estado de Migraciones para que las personas sean derivadas (desde los CIE) a los recursos correspondientes según su situación personal, evitando escenarios de exclusión social”.
Tres niveles de derivación
Así, se derivará “al sistema de acogida humanitaria a aquellas personas procedentes de patera y aquellas que han solicitado protección internacional”. A los servicios sociales municipales irán “aquellos que no cumplen ese perfil, pero no cuentan con recursos propios en la ciudad”. Finalmente, a los que cuenten con un hogar en nuestro país se les “facilitará el regreso a sus residencias de origen”.
Lo más preocupante en estas horas es “que no se garantice de manera efectiva la aplicación de estas medidas en todas las localidades debido a la a disparidad de criterios de actuación entre los distintos centros, dejando a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”.
Una vez más, y como siempre, el SJM reclama una acción coordinada y en clave nacional en todos los CIE. Y, finalmente, que, antes o después, todos ellos desaparezcan.
