Pese a que no han cometido delito alguno (no tener la documentación en regla es solo una falta administrativa), los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están expuestos a un enorme peligro de contagio en plena epidemia del coronavirus por su situación de hacinamiento. Así lo denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que ha difundido un comunicado en el que, atendiendo a “la excepcionalidad actual”, reclaman al Ministerio de Interior que dicte “medidas para garantizar los derechos en todos los CIE, liberando a las personas internadas que no pueden ser expulsadas y ofreciendo alternativas de protección”, así como “cesar nuevos internamientos mientras continúe vigente el estado de alarma”.
“La excepcionalidad derivada de la emergencia sanitaria del Covid-19 –denuncian– hace que las ONG vean restringido su acceso a los CIE, lo que hace imposible conocer y monitorizar la situación de las personas internas. Las medidas de protección adoptadas están respondiendo a decisiones unilaterales en lugar de abordar una mirada de conjunto de todos los CIE del Estado”.
Brotes de violencia
Una “total falta de información” que también sufren las personas internas, a las que no se detallan “las medidas de seguridad para evitar la propagación”, lo que hace que “aumente la desesperación y surjan brotes de violencia entre aquellas personas olvidadas tras los muros de los CIE”.
Además, la realidad de estas “personas privadas de libertad” es que, al estar encerradas y en alto número, son “consideradas colectivo de alto riesgo” en cuanto a la posibilidad de contagiarse; de ahí que sea necesario “tomar medidas urgentes que respeten sus derechos y garanticen la seguridad y la salud de las personas internadas, así como del personal que trabaja en los centros”.
Falta de coordinación
A juicio de la entidad jesuita, es extremadamente grave que, mientras se llama a la concentración de las funciones por parte del Estado ante esta crisis, “cada centro está adoptando de manera unilateral distintas medidas en atención a la emergencia del COVID-19, lo que refleja una total incoherencia con la centralización de las competencias anunciadas con el estado de alarma. Más que nunca, ante una medida que afecta a derechos fundamentales, el Ministerio de Interior debe establecer unas directrices comunes aplicables a todos los centros”.
Otro factor es que “la privación de libertad en estos centros atiende a una medida cautelar para garantizar la expulsión a un tercer país. Sin embargo, una de las consecuencias de esta crisis es el rechazo por terceros países de personas que vengan de España, así como el cierre de fronteras terrestres españolas como una de las medidas adoptadas por el Gobierno. Ello, unido a las estrictas restricciones de desplazamientos y alteración considerable de la actividad habitual de los agentes actuantes, dificultaría la ejecución de las expulsiones y devoluciones”.
No puede expulsarse ahora
Esto hace que carezca “de toda lógica autorizar nuevos ingresos en los CIE cuando se conoce con antelación la imposibilidad de llevar a cabo la expulsión, siendo injustificada dicha privación de libertad por ser contraria a la naturaleza de la medida, que solo puede adoptarse para cumplir los fines del expediente y por el tiempo imprescindible”.
En caso de que se cumpla su petición y se libere a ciertos internos en los CIE, “preocupa” que estas personas “queden desamparadas y sin recursos disponibles”, debido a su “extrema vulnerabilidad”, debiendo facilitarse “el acceso a las medidas establecidas por el Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos”.
Cierre definitivo
Eso sí, el SJM concluye como siempre sus informaciones sobre los CIE: reclamando “más que nunca el cierre de los CIE”, y exigiendo “la necesidad de encontrar alternativas más garantes con los derechos humano”.
