El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se muestra tajante en su última carta al Gobierno: “No autorizo el acceso a la basílica”. En su misiva dirigida a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, remarca que no hay autorización eclesiástica para actuar en un lugar sagrado. Por tanto, impide de esta manera la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.
Cantera argumenta que la decisión del Gobierno vulnera la libertad religiosa al tratarse de un “lugar sagrado”. Además, explica que pretenden actuar sobre una ‘res sacra’, una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica, según la misiva a la que ha tenido acceso Vida Nueva.
El prior deja claro en su carta fechada hoy –en respuesta al mail enviado el pasado 3 de octubre– que la sentencia del Tribunal Supremo (la que avaló la exhumación) no resuelve las alegaciones de la Abadía, sino de la familia Franco. “En nuestra demanda alegábamos, en su mayor parte, vulneraciones de derechos fundamentales cuya última palabra, como bien sabe, no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional, y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”, reconoce.
No renunciará a recurrir
Del mismo modo, explica que “el sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales”.
En su escrito, el prior continúa recordando que “se siguen manteniendo las razones por las que denegábamos nuestra autorización (no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religioso y morales afectados que motivaron dicha denegación) pero, incluso, en el transcurso del procedimiento administrativo y judicial, se han visto agravadas por las razones de nuestra negativa ante el hecho de que, según su tesis, la inviolabilidad de los lugares de culto (y de las cosas sagradas) depende de lo que decida la ley nacional, lo que es inadmisible para esta Abadía –y entendemos que para que Iglesia católica– sin agotar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, al afectar directamente, a su derecho a la libertad religiosa”.
Cantera lamenta también “la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados”. Del mismo modo, le tiende la mano: “Esta comunidad religiosa y yo mismo nos ponemos a su disposición para tratar de encontrar una solución a esta situación”.
