La Archidiócesis de Barcelona dará su apoyo a las mejoras en la protección de menores planteada por el Síndic de Greuges –el defensor del pueblo catalán– dentro del marco de competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía. Y lo hace “con responsabilidad”, en la línea ya establecida de trabajo marcada por la Santa Sede en los últimos años, como recoge el propio arzobispado en un comunicado. De esta manera, tanto la diócesis como las instituciones religiosas respaldarán las medidas.
Posteriormente, en rueda de prensa, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que “solo” la Iglesia sea objeto de investigación. Así, recordó que los abusos “se dan en otros estamentos y en porcentajes más elevados”. Por eso, reivindicó que dicha comisión debería “defender a todo el pueblo”, porque, de los contrario, sería “un poco sectario”.
En diferentes reuniones con el Síndic, Rafael Ribó, el purpurado ya le había expresado “la voluntad de colaborar para establecer todas aquellas medidas que ayuden a erradicar esta lacra que afecta a toda la sociedad, así como también la disposición a colaborar con todas aquellas iniciativas que afronten los abusos de una forma global”, continúa el comunicado.
Comisión de prevención y reparación
El Síndic ha impulsado hoy la ‘Comisión para la prevención y reparación de los abusos sexuales de menores por representantes de la Iglesia Católica’, además de incorporar un nuevo servicio específico de atención a las víctimas.
Según ha dicho Ribó en rueda de prensa, es una respuesta al “creciente número de casos de abusos, prescritos y no prescritos, denunciados públicamente en Cataluña los últimos meses”. “La Comisión tiene la función de escuchar a las víctimas, valorar los casos, examinarlos, evaluar los daños físicos y emocionales y, finalmente, proponer diferentes vías de reacción”, entre ellas, la compensación económica.
Los miembros de la Comisión son el catedrático de la Universitat Oberta de Cataluña y director del programa de Criminología, Josep M. Tamarit; la profesora de la Universidad de Barcelona Noemí Pereda, y la médica de familia y miembro del Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de Tortura Olga Casado.
“La protección es fundamental”
Según el comunicado del arzobispado, “la protección de los derechos de los niños es fundamental, y tiene y tendrá la colaboración con las autoridades competentes y dentro de la legalidad vigente”. Así, dejan claro que “la investigación de delitos es una función que corresponde al Poder Judicial y, concretamente, a los tribunales de jurisdicción penal, los que determinan los hechos y las responsabilidades que se desprenden de los mismos”.
En los casos donde se ha de establecer comunicación con las autoridades judiciales competentes, que garantizan la aplicación del estado de derecho, “existen protocolos muy estrictos (establecidos por la Santa Sede) que ya hace años que funcionan”, recuerdan. Estas directrices obligan a poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier denuncia que llegue a un tribunal eclesiástico que comporte un delito.
Por último, el arzobispado expresa que “la Sindicatura de Greuges realiza una labor encomiable de vigilancia de la actuación de la administración pública en Cataluña, que está obligada a responder”.
