Más de una veintena de entidades jesuitas, encuadradas en el Apostolado Social de la Compañía de Jesús, han presentado su propio ‘programa electoral’ de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La original idea ha surgido tras un proceso de “reflexión compartida” y con el fin de ofrecer su particular aportación en el “debate público”.
¿El resultado? Un documento de 24 páginas en el que se repasa la situación actual (con sus luces y sus sombras), se proponen “medidas de carácter social” y se defienden actitudes basadas en los valores democráticos y en los esenciales derechos humanos, todo ello con un único trasfondo: la salvaguarda del bien común.
No caer en el pánico
En una revisión críticia del panorama a todos los niveles, las instituciones jesuitas reconocen que “hay motivos para la preocupación”, pero, al mismo tiempo, reivindican que “tampoco podemos dejarnos arrastrar por el pánico”. Partiendo del análisis de la situación en Europa, se constata que “el Brexit es una mala noticia”, pues, entre otras cosas, traslada a la opinión pública “un mensaje muy negativo al expresar desconfianza y preferencia por un proyecto nacional autónomo y no por un modelo de responsabilidades compartidas”.
Tampoco se pasa por alto la situación en Polonia y Hungría, donde se viven “tensiones” que “ponen en cuestión el modelo de democracia liberal”, o en Italia, donde se está “rompiendo el principio fundamental de solidaridad”.
Falta de credibilidad institucional
Más allá de las crisis coyunturales, los hijos de Ignacio de Loyola perciben dos corrientes internas que son comunes en la mayoría de los países de la Unión Europea: “La desigualdad económica y el desencanto con la democracia formal”. Así, la realidad para una mayoría social, “que permanece en la precariedad o con unos ingresos muy limitados”, se traduce en respuestas antisistema, como se vio en su día con el 15-M en nuestro país o con los chalecos amarillos en Francia. Algo a lo que no ayuda la percepción de los partidos políticos como “grupos cerrados, profesionalizados y que van dejando de lado las necesidades sociales para dedicarse a su mantenimiento y asegurarse cuotas de poder”.
Los ecos de este último fenómeno, interrelacionados entre sí, son el “populismo” y la “desinformación”, que se nutre de un alud de ‘fake news’ a través de las redes sociales y, a veces, a través de los medios convencionales. Con todo, “la búsqueda de modos de participación directa no debería estar en contra del sistema de representación, porque pueden ser complementarios y convertirse en estímulos mutuos para una mejor acción pública”. “Si queremos ejercer el derecho a un voto informado –concluyen este apartado–, tendremos que esforzarnos un poco más”.
Crisis medioambiental
En otro bloque, las entidades jesuitas abordan la “crisis medioambiental”. Y lo hacen con una batería de medidas concretas, como la llamada a “producir energía de fuentes renovables”, “aumentar la eficiencia energética”, “usar el transporte público y compartido”, “limitar la utilización del coche y su velocidad en las ciudades”, “sustituir los coches de combustión por eléctricos o de hidrógeno”, “prohibir los envases de plástico de un solo uso”, “reducir los pesticidas a la mitad para 2025”, “favorecer el asentamiento de la población rural y la agricultura familiar”, “completar el tratamiento de aguas en todo el territorio”, “prepararse para los episodios de sequías e inundaciones que se producirán”, “asegurar el respeto de las cuotas pesqueras” o “elaborar un plan de educación ambiental obligatorio en todos los niveles”.
Un tercer bloque es el que anima al “compromiso con la solidaridad internacional”. Aquí, un reto esencial es respetar “los recientes Pactos Mundiales de Migración y Refugio”, debiendo España “cumplir con estos compromisos en sus políticas domésticas”. A nivel exterior, además, “también debemos contribuir con el resto de la comunidad internacional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” fijados para 2030 y que se deben implementar, directamente, “en los países más empobrecidos”.
Caída de las políticas de desarrollo
Sin embargo, lamentan, la realidad es que “el presupuesto español para la política de cooperación internacional se ha recortado en un 70% en la última década”. Frente a ello, urge “una política de Estado” en esta materia, “no sujeta a dinámicas partidistas y que sea punta de lanza de la política exterior”.
Así, ofrecen medidas concretas como “destinar a Ayuda al Desarrollo el 0,5% de la Renta Nacional” (con el fin de llegar al anhelado 0,7%) o “promover la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global”.
El cuarto bloque, que versa sobre “una sociedad diversa e inclusiva”, defiende que “la migración de las últimas décadas ha conformado una España diversa”, siendo clave “la gestión de dicha diversidad como una oportunidad”. Aquí, nuestro país también es deficitario, como evidencia el hecho de que “la Comisión Europea ha alertado recientemente a España por los altos niveles de desigualdad” y que las políticas de integración hayan “desaparecido con la crisis”.
Miedo y egoísmo
En este sentido, nuestro modelo quiebra especialmente en la frontera sur, por el que en 2018 llegaron 65.000 personas desde África. Todo ello en un tránsito marcado por la inseguridad y la “vulnerabilidad”, reflejo de “una política dominada por el miedo y el egoísmo de nuestro opulento continente”. Las propuestas aquí son “implementar un Plan Nacional de Integración y Cohesión Social”, dotado con un “Fondo de Integración”; “mantener las operaciones de rescate en el Mediterráneo”; “abandonar prácticas de devoluciones sumarias en la frontera sur”; o “luchar contra las redes de tráfico y explotación de personas”, posibilitando “más vías legales y seguras de acceso”.
El quinto apartado se refiere a la “protección efectiva de la infancia y la adolescencia”, resultando dramática la realidad de que en 2018 llegaran a nuestro país “13.400 menores emigrantes no acompañados (MENA)”. Todos ellos se han distribuido de un modo muy “irregular”, hacinados especialmente en Ceuta, Melilla, Andalucía y el País Vasco. La realidad para todos ellos es que muchas autonomías no dotan partidas para su acogida y hay “niños, niñas y jóvenes de segunda categoría”. Algo que a los jesuitas les resulta “inaceptable”. Para ello, deben “diseñarse y ejecutarse presupuestos” concretos y que estos sean coordinados “desde el Estado”.
Violencia machista
En el bloques sobre “igualdad entre mujeres y hombres” claman ante la brecha salarial, por la que “las mujeres cobran un 22,9% menos que los hombres”, además de que ellas “dedican de media 2,5 horas más al día que los hombres a la atención a menores, mayores o dependientes”. Sin olvidar que en 2018 hubo 47 víctimas de la violencia machista; “98, según datos de organizaciones sociales”. Contra esta lacra, por ejemplo, piden “revisar el currículum educativo desde una perspectiva coeducativa y de igualdad de género”.
El último bloque propone “un modelo fiscal sostenible y suficiente”. Para ello, concluyen las organizaciones de la Compañía, hay que “revisar el Impuesto de Sociedades”, “luchar contra el fraude fiscal” o “desarrollar medidas de fiscalidad ambiental o ecológica”.
San Ignacio de Loyola no encabeza ninguna lista electoral, pero quienes encarnan hoy su testigo en nuestro país nos ofrecen un programa de medidas aterrizado y con la mirada ancha. Estilo 100% jesuítico.
