Escuelas Católicas, la patronal que agrupa a más de 2.000 colegios religiosos de España, ha publicado un decálogo de actuación contra los abusos sexuales a menores. En él, se obliga a los responsables de los centros a informar “en menos de 24 horas” a las autoridades pertinentes y a alejar al presunto abusador de sus labores y del trato con menores “independientemente de cuándo se produjeran los hechos”.
En el momento de tener constancia de un caso de abuso sexual a un menor, no solo se debe informar a la fiscalía, Policía Nacional o la Guardia Civil, sino también, si fuera un sacerdote o religioso, a la jerarquía eclesiástica. “Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso”, subraya el documento.
El decálogo contempla también la creación de un “comité de crisis” que gestione de forma centralizada cada una de las denuncias y del que forme parte un abogado y un psicólogo, así como el director del colegio, el obispo de la diócesis o el superior provincial de la congregación en caso de que fuera necesario. De la misma manera, contempla que “una vez valorado el alcance de la crisis” se elabore un comunicado oficial “que condene los abusos y en el que se pida perdón”. Además, recomienda a los centros realizar una investigación interna, incluso en los casos en los que el supuesto pederasta hubiera fallecido.
Acogida a las víctimas
En cuanto al trato hacia las víctimas, el texto subraya que esta tiene que ser “acogida”, y que le debe ser proporcionada ayuda psicológica y médica en el caso de que el menor hubiera sufrido alguna lesión. Por otra parte, el protocolo establece que se ha de evitar la revictimización del menor, por lo que no se le deben pedir “detalles morbosos” del episodio, ya que “es importante que la víctima se sienta creída y protegida, independientemente de que una ulterior investigación confirme o desmienta lo denunciado”.
Por otra parte, el decálogo sugiere que los centros deben adoptar las medidas de prevención, dejándose asesorar por organizaciones de infancia como Unicef, Save the Children o la Fundación ANAR. Además, señala que cada colegio debería tener un protocolo propio que proporcione un mecanismo de denuncia fácil para las víctimas o terceros.
A la espera del documento de la CEE
Si bien la organización no puede obligar a los colegios que forman parte de la misma a acatar las medidas propuestas, este documento pretende ser una forma de “orientar y resumir brevemente los pasos que hay que dar ante uno caso de abusos”, ha dicho el secretario general adjunto de la patronal, Luis Centeno. Y es que en los centros que forman parte de Escuelas Católicas estudian 1.204.179 alumnos, representando así el 58% de la enseñanza privada concertada.
Por otra parte, Centeno ha explicado que el documento surge de la cumbre antiabusos celebrada en el Vaticano el pasado mes de febrero. “Una vez pasado el encuentro y a la espera de que la Conferencia Episcopal Española saque un documento más amplio, nos hemos visto en la obligación y conveniencia de editar este protocolo que resume los pasos que nosotros venimos aconsejando desde 2014 a nuestros directores”, ha dicho.
