El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha cerrado la televisión diocesana por considerar “inviable” la continuidad de las emisiones de un canal que se puso en marcha hace solo tres años ante “un déficit económico creciente”. La decisión, adoptada por unanimidad en el equipo de gobierno donostiarra, trae consigo una reflexión sobre la necesidad de calibrar los riesgos, especialmente desde el punto de vista financiero, que implica poner en marcha cualquier proyecto eclesial de envergadura.
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Sin plan de viabilidad
Las estrecheces que atraviesan hoy algunas diócesis españolas responden precisamente a no haber realizado los pertinentes estudios de viabilidad ni auditorías, no contar con órganos colegiados en la cúspide diocesana, ni haber puesto coto a tiempo cuando se avistaba la bancarrota.
Con este escenario por delante, no estaría de más que la reforma que abandera desde el Vaticano la Secretaría de Economía, con constantes ‘motu proprio’ en favor de la transparencia y en contra del despilfarro, se aterrizara a nivel local. Porque los fondos que se gestionan desde cualquier despacho eclesial no le pertenecen a nadie, es el cepillo de todos.
