La otra semana salía una encuesta que nos mostraba que, algo más de la mitad de la población española estaba en contra de la regularización de inmigrantes. Esta circunstancia, más allá de demostrar (como han indicado varios analistas en los medios periodísticos) que existen católicos que no sienten la universalidad de esta religión y su idea de acoger al extranjero como algo suyo, que el mensaje contra quien viene de otros lugares ha calado en gran parte de la población española.
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Cabe preguntarnos ante esta circunstancia quien gana con la existencia de un gran contingente de personas irregulares en nuestro país y quien pierde. Quizás ello nos haga comprender mejor los motivos que hay detrás de este rechazo a regularizar la situación de estas personas.
¿Quiénes ganan? Los primeros que salen beneficiados son aquellos que tienen personas en situación irregular trabajando para ellos por unos precios irrisorios y en unas condiciones que no acepta nuestro derecho del trabajo. También quienes alquilan habitaciones, casas cochambrosas, hasta sofás y trozos de naves industriales a unos precios abusivos a estas personas. Quienes cobran tasas elevadas por traer a España desde otros países a quienes no pueden llegar por cauces legales. Los usureros que les prestan dinero que no pueden devolver para que luego les ayuden en sus actos delictivos. Quienes aprovechan esta situación irregular para realizar actos fuera de la vista de las autoridades. Las aseguradoras y la sanidad privada que tiene un incremento de clientes gracias a que estos no pueden acceder a la sanidad pública.
¿Quiénes pierden? En primer lugar los mismos inmigrantes, que se ven sometidos a situaciones injustas y a la imposibilidad de ganarse la vida de una manera honrada y poder progresar. También quienes trabajan en labores menos cualificadas, que encuentran una competencia irregular en personas que no pagan ni seguridad social ni impuestos, por lo que salen mucho más baratas al empleador. La sociedad que deja de ingresar grandes sumas de dinero que si fuesen trabajadores regulados tendrían que pagar en concepto de impuestos (especialmente cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF). Los empresarios que, teniendo trabajadores en el país, no los pueden contratar de una manera legal y dejan de realizar trabajos por la imposibilidad de encontrar personas para realizarlos. La seguridad del país por tener un gran contingente de personas que no están registrados en ningún lugar a pesar de habitar entre nosotros.
Aunque la semana próxima continuaré tratando este tema, esto nos puede dar una idea de los intereses ocultos que hay detrás de quienes tienen interés en que no se regularicen quienes llevan mucho tiempo en nuestro país.
