La justicia de la natalidad

La natalidad en nuestra sociedad no cesa de descender desde la crisis provocada por la gran estafa financiera global de 2007. En 1975 llegaron a nacer 670.000 niños y, en 1995, descendió a 360.000. La recuperación económica imprimió una recuperación hasta alcanzar los 520.000 en 2007. Esa crisis no solamente arruinó patrimonios y extendió la precariedad, sino que inició un agudo descenso de natalidad que ha llevado a 320.000 nacimientos en 2023.

La preocupación por la natalidad es una constante, especialmente significativa en aquellas regiones que experimentan un progresivo envejecimiento y despoblación. Como todo fenómeno demográfico, es un problema estructural y de onda larga. Zapatero llegó a la presidencia habiéndolo identificado como uno de sus tres pilares y Rajoy creó un comisionado interministerial para el reto demográfico y el despoblamiento. Pero, en general, apenas ha habido políticas que hayan logrado contrapesar la tendencia.

Problema de primera magnitud

La diferencia con las pasadas generaciones es que la preocupación ya no es solamente genérica por la sostenibilidad o demandada desde provincias que sienten el vaciamiento poblacional, sino que ahora se ha convertido en un problema social de primera magnitud. La inaccesibilidad a la vivienda, la precarización laboral de los jóvenes y su convicción de que van a vivir peor que sus padres está haciendo entrar en colapso vital a una generación que no puede iniciar un ciclo de vida familiar, no puede emanciparse y no se arriesga a tener hijos.

La gente quiere poder formar un hogar con su pareja, pero no puede. Quiere un primer hijo, pero no puede. Querría un segundo hijo, pero no se atreve. Y eso genera un reproche a las generaciones mayores, puede que resentimiento, y aglomera motivos para la radicalización política. Necesitamos una nueva agenda pública para la natalidad. No es una cuestión moralista, sino de justicia.