En España se aprobó, hace dos semanas, una regularización extraordinaria de inmigrantes. No ha sido la primera vez que esto sucede, ya hubo otras en el pasado. Las cifras de los flujos migratorios nos pueden dar algunos datos del porqué de estas regularizaciones. A la espera de los datos de 2025, en el pasado diciembre se publicaban los de 2024 y veíamos como en los últimos años las entradas netas de inmigrantes han sido de 727.005 personas en 2022, 642.296 en 2023 y 626.268 en 2024, lo que hacen un total de 1.995.569 personas en tan solo dos años. La cantidad es muy elevada y, contra lo que piensa para la mayoría de ellos su puerta de entrada principal no es a través de las pateras, sino del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. De hecho, casi dos terceras partes vienen del continente americano (64,81% en 2024), un 20,52% de África y un 6,85% de Europa.
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Como se ve es una cantidad considerable de personas las que llegan año tras año a nuestro país. Mientras una parte de ellas vienen con los papeles legales, la mayoría no los tiene y es muy difícil conseguirlos. Esto les impide trabajar de una manera legal en España (a pesar de la carencia de trabajadores que tenemos) y produce una serie de realidades que voy a describir.
- Un gran grupo de población que vive sin papeles y en una situación de precariedad elevada
- Personas que se aprovechan de la situación para contratar de manera ilegal y pagar salarios muy bajos
- Empresarios que se ven obligados a contratar ilegalmente a trabajadores porque no encuentran españoles que lo hagan y no es posible hacerlo legalmente (cosa que harían si fuese posible)
- Falta de recaudación por parte del Estado debido a estos empleos que no pagan ni seguridad social ni impuestos de la renta.
Más allá de las cuestiones éticas de las que podemos hablar en otro momento cabe preguntarse: ¿Es adecuado para un país mantener un porcentaje de población ilegal en el interior de sus fronteras con una carencia de trabajadores en muchos sectores? Parece que no es lo más conveniente. Parece que lo racional sería articular sistemas para que muchas de estas personas pudiesen trabajar de manera legal.
Sin embargo se gastan sumas cada vez más elevadas para impedir que las personas entren por el sur de España ¿No sería más adecuado habilitar estructuras legales de migración que hiciesen un análisis adecuado de la situación y que permitiesen a quien quiere venir a ganarse la vida en España hacerlo de una manera legal y segura?
