José Lorenzo, redactor jefe de Vida Nueva
Redactor jefe de Vida Nueva

Hipocresía a toda página


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La vicepresidenta del Gobierno acudió a lo que calificaría de encuentro “extremadamente cordial” en Secretaría de Estado con las portadas de El País sobre los abusos sexuales en la Iglesia española entre los dientes, a modo de tarjeta de visita. Esa fue la pretensión inicial, errada también, como la información que facilitó luego. Pero eso es otro asunto chusco. Otro más.

Ni los más ingenuos creen que el repentino afán de investigar estos asuntos haya surgido por casualidad. Nada que objetar a tratar de arrojar luz sobre esta ciénaga, labor que ya hace dos años hizo esta revista, pero es difícil disipar la sospecha de que el modo no obedece también al deseo de dejar como una malva a la Iglesia para que, luego, el Ejecutivo de Sánchez pueda torcer su voluntad y enmendar así sus propios errores.

Llama la atención que el rotativo haya habilitado una dirección electrónica para las denuncias contra la Iglesia y dejase pasar, en 2012, los informes que denunciaban que uno de cada cinco menores en España sufría abusos sexuales, y que solo se conoce el 2% de los mismos, fundamentalmente por el secreto dentro de las familias. Ocasión perdida.

O que en 2013, otro informe alertase de que de los casi 40.000 niños víctimas de algún delito aquel año, el 18,6% había sufrido abuso sexual. ¿A alguien se le ocurrió siquiera instar a que la Administración habilitase un teléfono contra los abusos sexuales tras esos informes? No, tampoco a El País, y eso que en su suplemento educativo, en 2016, un alumno mostró el impacto que estos datos le producían. Ni por esas.

Y puestos a obviar, resulta que uno de los autores del informe de 2013 es la Universidad Pontificia Comillas, que solicitó una ley de protección integral a los menores y juzgados específicos para los delitos de abusos, que aún no existen, claro. Porque, aunque Carmen Calvo haya ido a Roma a decir también que reformarán el Código Penal para que esos delitos no prescriban, la Iglesia ya había reclamado que la justicia civil hiciese en ese sentido lo que ya contempla la canónica. Que también es mejorable, por cierto.

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