La defensora
La abogada Leticia de la Hoz Calvo ha saltado a algunos de los titulares de la información política sobre el caso de corrupción del momento. Y es que la actual directora del Departamento Jurídico de IDBO Consultants está presente en los medios desde que se dio a conocer que es la nueva encargada –la tercera– de la defensa Koldo García, el asesor político del exministro José Luis Ábalos.
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Es cierto que la letrada ya ha parecido anteriormente en algunas de las informaciones de esta investigación judicial que se conecta con las diferentes ramificaciones del caso hidrocarburos. Y es que Leticia de la Hoz también fue inhabilitada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, según publicó el medio digital ‘The Objective’, por haber mediado en el pago de 50.000 euros a la socialista Carmen Pano para que negara haber recibido el cobro de comisiones en la sede central del PSOE.
El pasado
De la Hoz ha desempeñado también alguna tarea en instancias eclesiásticas, como el foro de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. La abogada también ha ejercido de defensora del jesuita Germán Arana. También en una entrevista en La Razón destacaba el papel del papa Francisco en la lucha contra los abusos. Con el pontífice, señalaba entonces, “el resto de la Iglesia comenzó a cambiar. Aun así la Iglesia es muy grande, unos sectores son más resistentes, otros se han acercado más a las víctimas… Cuando empecé a acompañar a las primeras víctimas ni siquiera lo podían contar en su familia y las propias víctimas sentían vergüenza por decir que habían sufrido este tipo de delitos. Ahora se les está escuchando y reconociendo”.
Aunque también es socia fundadora de la Asociación Infancia Robada, la organización impulsada por la familia de Juan Cuatrecasas padre y con Ana Cuevas, madre de Juan Cuatrecasas hijo, denunciantes de los abusos de un profesor, numerario del Opus Dei, en el Colegio Gaztelueta. En una de las informaciones sobre el proceso que a propia abogada recoge en su porfolio la describe, en este caso, como la mujer “que arañó en la Audiencia Provincial de Bizkaia una condena de 11 de años de cárcel a pesar de las presiones recibidas, algunas de ellas físicas“.
También formó parte de la Comisión de expertos a los que llamó el Defensor del Pueblo para elaborar su informe sobre los abusos en los ambientes eclesiales. Ella misma en su página web asegura que “consolidada como una de las grandes expertas a nivel nacional en casos de abuso sexual y en la defensa de los intereses legales en casos de acoso escolar e infantil” y que “es especialista en casos de abuso sexual en el seno entidades religiosas”.