La diócesis de San Ramón de la Nueva Orán, a través de sus equipos de pastoral social y ecológica y del equipo de pastoral aborigen, expresaron su firme rechazo al proyecto de ley del poder Ejecutivo que propone declarar la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada.
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En un documento difundido ante el tratamiento de la iniciativa en el Congreso Nacional, sostuvieron que ya que podría favorecer la concentración de tierras, afectar a comunidades indígenas y campesinas y vulnerar el principio del bien común. También que el mensaje evangélico interpela toda estructura que prioriza el capital por encima de la vida humana.
Asimismo, recordaron el pasaje del libro del Levítico que afirma que “la tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía”. Señalaron que Dios se identifica con las personas marginadas, vulnerables y con quienes trabajan la tierra. En ese sentido, cuestionó una lógica basada en el lucro excluyente, y reivindicó una concepción de la tierra vinculada con la dignidad humana y la justicia social.
Además, ambos equipos citaron el magisterio social de la Iglesia para destacar que la tierra y sus frutos deben estar al servicio de todos, sin exclusiones. Según plantearon, la propiedad privada cumple una función social y debe subordinarse al bien común, por lo que no puede ser considerada un derecho absoluto, separado de las consecuencias que genera sobre la sociedad y las comunidades.
La Iglesia de Orán pide por cuidado de la Casa común
Advertencia
El documento advirtió que el proyecto podría facilitar la concentración de tierras en pocas manos y desproteger especialmente a las comunidades indígenas y campesinas que habitan históricamente el norte de la provincia de Salta.
Los organismos diocesanos manifestaron su acompañamiento al dolor y las demandas de esas familias, y confirmaron su compromiso de promover que la voz de los pueblos sea escuchada frente a los intereses corporativos y a los proyectos que puedan impulsar desalojos.
Remarcaron que la tierra no es un recurso inagotable para la especulación financiera, sino la Casa común que sostiene la vida. Agregaron que la mercantilización de los bienes naturales amenaza la biodiversidad y el equilibrio ambiental, que constituye un bien colectivo y un patrimonio de toda la humanidad.
Finalmente, recordaron que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras tradicionales. Por este motivo, solicitaron a los senadores y diputados nacionales que escuchen el reclamo ciudadano, custodien la soberanía nacional y antepongan el bien común a los intereses personales y corporativos.
