El 30 de junio se cerró el plazo para presentar la documentación necesaria en el proceso de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno. Frente al medio millón de solicitudes que se preveía en un principio, se han triplicado las peticiones.
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Una avalancha que pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran, todavía hoy, más de 1,3 millones de extranjeros en España. Una realidad que la clase política no quería ver, pero sí aparcar mientras se alimentaba la economía sumergida ligada a una ausencia de derechos de quienes se saben rehenes de la exclusión.
Personas extracomunitarias que solicitan documentación para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes en Barcelona. Foto: EFE
Estas cifras hablan de la necesidad de esta regularización, tal y como ha defendido la Iglesia con Cáritas como su principal valedor. Haber apostado por un Real Decreto, orillando el consenso parlamentario que habría podido propiciar la Iniciativa Legislativa Popular planteada inicialmente, ha emborronado el debate.
Dignidad de todos
Por eso, junto a la acogida e integración, ahora más que nunca urge invertir esfuerzos en sensibilizar a una sociedad que corre el riesgo de dar alas a las proclamas estigmatizantes, olvidando la llamada a la dignidad de todos por la que era aplaudido León XIV hace solo unas semanas.
