El Consejo de Ministros aprobó, el martes 27 de enero, un real decreto de tramitación urgente para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros. Esta decisión del Gobierno llega después de una negociación con Unidas Podemos y una vez que se dejara en dique seco la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas.
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Tras su admisión a trámite por el Congreso de los Diputados en abril de 2024, los parlamentarios la aparcaron a pesar del empeño eclesial por sacarla adelante. Es más, el trabajo de trastienda de las diversas entidades cristianas –con Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos al frente– permitió constatar cómo ningún partido político quería comprometerse, por los flecos electoralistas de su aplicación.
Arma arrojadiza
Más allá de esta cuestión, bienvenida sea esta carta de ciudadanía a quienes están arrimando el hombro sin contar con los mismos derechos que su vecino. Ojalá este reconocimiento de la dignidad del migrante no se traduzca en un arma arrojadiza entre quienes, diciéndose católicos, ven al prójimo nacido en otra tierra como una amenaza, cuando no como un criminal al que expulsar.
