La noche del 1 de noviembre, el alcalde del municipio de Uruapan (estado de Michoacán), Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado de tres disparos por la espalda mientras caminaba por la plaza central con su hijo en brazos, durante la inauguración del Festival de las Velas, una de las tradiciones más importantes de Michoacán.
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El alcalde llegó al cargo a través de una candidatura independiente y se había distinguido por ser un fuerte crítico de la violencia en el estado, a tal grado que en septiembre pasado canceló los eventos conmemorativos de las fiestas patrias para salvaguardar a la ciudadanía, luego de los ataques de un grupo delictivo a la policía municipal.
Desde entonces, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a respaldar a Uruapan con toda la fuerza del Estado para restablecer el orden ante las agresiones de grupos delictivos que, “con armas de uso exclusivo del Ejército, buscan acabar con la paz social de los mexicanos”.
“No basta con capturar al asesino”
Tras el ataque a Carlos Manzo, uno de los agresores fue abatido y dos personas más fueron detenidas. Al respecto, la Iglesia en México lamentó el asesinato “del alcalde que desafió la violencia” en el estado, y dejó en claro que “hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos”.
El presidente de los obispos mexicanos, Ramón Castro, señaló que este crimen se suma a muchos otros asesinatos de personas que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus tierras, comercios y otros espacios.
Según cifras oficiales, en los últimos 15 años unos 150 alcaldes han sido asesinados en México. Hace unos meses, Carlos Manzo declaró que tenía mucho miedo de ser uno más en la lista de alcaldes asesinados, pero debía acompañarlo de valentía.
Debilitamiento del orden constitucional
Ramón Castro aseguró que la presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar.
“Los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar”, consideró.
En este sentido, destacó la labor de la Iglesia que camina cercana a nuestros pueblos. “Sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral, aun en medio de contextos marcados por la violencia, permanecen fieles a su misión de anunciar el Evangelio, acompañar a las comunidades y abrir caminos de esperanza”.
¡Conviértanse!
El presidente de los obispos hizo un llamado a los mexicanos que están provocando esta violencia a detenerla y respetar la vida de todos, “pues cada hermano es un don de Dios del que se nos pedirán cuentas cuando estemos ante Él. Nadie nació para hacer el mal y nadie encontrará su camino de felicidad transgrediendo la dignidad de su prójimo”.
También exigió a las autoridades combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un alcalde, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas.
