Es muy peligrosa la posible excomunión a representantes de la soberanía popular que voten favorablemente leyes que la Iglesia considere contrarias a la doctrina o políticos que las apliquen. Es la intención de parte de la Conferencia Episcopal estadounidense. En este caso, se quiere aplicar a quienes voten o promuevan leyes que hagan posible el aborto en cualquiera de sus formas.
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Hay quien podría pensar que no sería consistente que se limitara al aborto, sino a toda materia. También debería afectar a parlamentarios que, pudiendo cambiar la ley, no lo hagan. Podría no limitarse a representantes políticos, sino a todo ciudadano, incluyendo a quienes no se manifiesten insumisos, atenten contra dicha doctrina con su mera opinión o a los votantes de partidos que contraríen explícitamente tal doctrina.
⏯️ La excomunión como herramienta política (2)
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— Revista Vida Nueva (@Revista_VN) May 16, 2021
Pero la proposición estadounidense enviada a Roma para su revisión está limitada al aborto y a los políticos porque, en este caso, se pretende usar la excomunión como una herramienta estratégica de presión política para evitar que se aprueben o mantengan leyes o decisiones.
La excomunión de parlamentarios o políticos en su legítima labor de representación de sus electores provocaría un conflicto de consecuencias imprevisibles que dinamitaría bases profundas de la comunión eclesial. Supondría la inmediata separación de la Iglesia de millones de personas. Además, desataría un conflicto sociopolítico de magnitud histórica y alcance internacional.
Fracturas
Y alguien se preguntaría cuál es la defensa pública que debe garantizar un Estado de derecho a los condenados ante un acto jurídico canónico como la excomunión. Iniciaría una segunda ola en el siglo XXI para una mayor separación Iglesia-República.
Una decisión extrema así solo aumentaría y fortalecería al abortismo y, paradójicamente, sería la propia medida la que más fracturaría internamente a la Iglesia.
