Fernando Vidal
Director de la Cátedra Amoris Laetitia

Extinguir la familia como sujeto social


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Hay dos medidas recientes del Gobierno de España que agudizan los programas para extinguir la familia como sujeto social de la vida pública.



La supresión a partir del 30 de abril de 2021 del Libro de Familia obedece al cambio de modelo del Registro Civil que realizó el gobierno de Zapatero, donde se elimina la familia como sujeto de registros de eventos y se individualiza toda la información. El soporte físico Libro de Familia no se digitaliza, sino que se extingue como documento que atestigua los miembros de una familia y los sucesos que recorre.

A cambio, existe un registro de las relaciones que cada individuo tiene –ascendentes, fraternales, conyugales, descendientes, etc.- y sus cambios, junto con otros datos relevantes (emancipación, incapacitación, etc.). Dicha forma de organizar los datos permite también obtener información sobre las cada vez más complejas unidades familiares.

Para cualquiera de las gestiones ordinarias que se realizaban con el Libro de Familia, cada ciudadano tendrá disponible y actualizada digitalmente dicha información. La perspectiva cambia. No hay un sujeto familiar que tiene asociada información, sino individuos que tienen asociada información familiar. No existirán documentos asociados a una unidad familiar en el que conste su existencia y estructura, sino a cada uno de sus miembros.

La familia, sin documento propio

Que se carezca de un documento integrado asociado a la familia en su conjunto, es un signo de la intención de no reconocer a la familia como sujeto social de la vida pública. Optar por un modelo individual en detrimento de también documentos asociados a la familia le resta personalidad jurídica y social. Los miembros de un patronato tienen un documento, los de un consejo de administración también, una junta asociativa también. La familia es ya la única comunidad de la sociedad civil que no tiene un documento propio como figura jurídica.

La extinción del Libro de Familia coincide prácticamente el mismo día con el anuncio de una reforma fiscal del Gobierno de España por la que se extinguirían las deducciones por declaración conjunta que realizan más de dos millones de matrimonios. Es una recomendación de la Unión Europea para favorecer la igualdad que el gobierno ha propuesto e inmediatamente retirado ante las reacciones negativas de la opinión pública.

Dicha medida se justifica porque la declaración conjunta compensa la asimetría laboral y salarial entre cónyuges, que generalmente es desfavorable para la mujer. Se supone por menos de dos mil euros, habría matrimonios que decidirían que ella trabajara menos o en trabajos menos remunerados.

Dicha deducción reconoce que existe una unidad económica asociada a un sujeto social que es el matrimonio, en el que la pareja decide libremente estrategias para el cuidado de todos los deberes que tiene asociados: de los hijos, personas dependientes, cuidados en los muy variados incidentes domésticos (enfermedad, etc.) que experimenta.

Tradicionalmente la mujer se ha dedicado a dichos cuidados, pero cada vez más hombres asumen reducciones de tiempo de trabajo o cambios laborales para cuidar. Esa medida perjudicaría a los matrimonios en los que se busca favorecer más la carrera femenina y asumir de un modo diferente los roles del cuidado.

La extinción de la deducción solo perjudicaría a los matrimonios obreros –para quienes supondría el salario de un mes de trabajo- ya que la cantidad no es un daño sustancial para las clases más elevadas. Hay otros modos de favorecer fiscalmente más la igualación laboral-salarial con fórmulas que beneficien más la deducción conforme aumente la simetría entre ambos.

El valor social fundamental

Sin embargo, la función de dicha deducción parte del reconocimiento de que existe una unidad social llamada matrimonio –en sus distintas formas- y una llamada familia –que tiene asociados hijos o parientes dependientes-. En segundo lugar, reconoce que dicho sujeto social es una unidad económica y que entre los miembros cooperan y toman decisiones para realizar la función social más importante que existe, que es dar vida y criar a las próximas generaciones y el cuidado esencial de las personas a lo largo de todo el ciclo de su vida.

Esa deducción fiscal es mínima en comparación con el valor social fundamental que realizan los matrimonios y familias para la sociedad. Su retirada tiene sobre todo importancia simbólica: la extinción en la vida pública del matrimonio y la familia como sujetos sociales. Son medidas antifamilistas en una sociedad que necesita, por el contrario, reforzar los lazos sociales.

En realidad, la familia y el matrimonio persistirán y es fundamentalmente la sociedad en su conjunto la que se perjudica por ello porque todas esas medidas, simbólicas o efectivas, ahondan la gran desvinculación social que viene asolando nuestra civilización.

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