La organización reclama actualizar los módulos de los conciertos, extender la gratuidad al 0-3, generalizarla en Bachillerato y FP y recuperar un Pacto de Estado por la Educación
Niños jugando en el patio de un colegio concertado
Escuelas Católicasha pedido a los partidos políticos este lunes, por medio de un comunicado, que incluyan en sus programas electorales una financiación suficiente de la enseñanza concertada, la gratuidad de la educación de 0 a 18 años y la extensión de los conciertos a nuevas etapas educativas.
Y es que, ante la próxima convocatoria electoral, la organización ha trasladado una batería de propuestas con las que pretende situar la educación entre las prioridades del debate político y reclama que las decisiones sobre el futuro del sistema se adopten “desde el diálogo, el consenso y el reconocimiento de la pluralidad del sistema educativo”.
De esta manera, Escuelas Católicas recuerda que la enseñanza privada concertada escolariza actualmente al 25% del alumnado y defiende su papel como parte del servicio educativo.
Uno de los ejes principales de sus reivindicaciones es la financiación, ya que la organización considera “urgente” cumplir la disposición adicional 29 de la LOE, constituir la comisión encargada de estudiar el coste real del puesto escolar y actualizar los módulos económicos de los conciertos, especialmente los destinados a gastos de funcionamiento.
Según Escuelas Católicas, esta revisión permitiría corregir la “infrafinanciación” que afecta actualmente a los centros concertados. La organización propone además avanzar hacia la gratuidad universal de la educación entre los 0 y los 18 años. Para ello reclama extender la gratuidad al primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, tanto en centros públicos como privados, y generalizar los conciertos en Bachillerato y en la Formación Profesional de Grado Medio y Superior.
Por otro lado, Escuelas Católicas vuelve también a reclamar un Pacto de Estado por la Educación que permita dar estabilidad al sistema y que incluya plazos y compromisos concretos. La organización admite, no obstante, la dificultad de alcanzar grandes acuerdos políticos y propone que, si un pacto global no resulta posible, se avance mediante “pactos puntuales” sobre cuestiones fundamentales. También pide que cualquier modificación de la estructura del sistema educativo se negocie previamente con los sectores afectados.
Asimismo, la libertad de enseñanza constituye otro de los puntos centrales del documento. Por ello, Escuelas Católicas defiende que las familias tengan una posibilidad real de elegir el centro en el que quieren educar a sus hijos y reclama que la programación de las plazas escolares gratuitas tenga en cuenta las preferencias manifestadas durante el proceso de escolarización.
Según la organización, la planificación debe considerar tanto la existencia de plazas en la red pública como en la concertada. En este contexto, pide además que las comisiones de garantía de escolarización se limiten a velar por el cumplimiento de la normativa de admisión y no asuman funciones de distribución del alumnado entre centros.
“Escuelas Católicas reclama asimismo que los centros puedan desarrollar su carácter propio y su proyecto educativo con una mayor capacidad de decisión”, subraya la entidad. La autonomía que reivindica afecta tanto a los aspectos pedagógicos como a los organizativos, desde las programaciones y los materiales hasta los calendarios, los horarios, las metodologías o la elección de plataformas digitales.
A ello suma una petición reiterada por los centros: reducir las cargas burocráticas y administrativas que recaen sobre los equipos directivos y los docentes, además de plantear la necesidad de aumentar los recursos humanos y materiales destinados a los alumnos con necesidades educativas específicas.
Y es que Escuelas Católicas reclama que su escolarización esté acompañada de los especialistas necesarios y pide reforzar los medios disponibles para prevenir y actuar frente al acoso escolar. Para ello, entre sus propuestas figuran una mayor dotación horaria, profesionales especializados, trabajadores sociales y psicólogos, así como recursos públicos para desarrollar la figura del coordinador de bienestar.
También solicita flexibilizar la normativa sobre las titulaciones mínimas exigidas al profesorado de los centros privados concertados, ante las dificultades para cubrir determinadas plazas en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Escuelas Católicas reclama finalmente que las administraciones reconozcan “la complementariedad de las redes pública y concertada en la prestación del servicio público y social de la educación” y que ambas puedan contar con igualdad de recursos y oportunidades.
En este marco, plantea que el acceso de nuevos titulares al régimen de conciertos quede vinculado a entidades sin ánimo de lucro o pertenecientes a la economía social.
Por todo ello, la organización considera que la próxima cita electoral constituye una oportunidad para abrir este debate y pide a los partidos que escuchen “a quienes forman parte del día a día de la educación” e incorporen estas propuestas a sus compromisos electorales. “La educación necesita estabilidad, diálogo y políticas que respondan a la realidad de todos los centros”, concluye Escuelas Católicas.