En la sierra andina, como en el resto de Ecuador, la violencia machista sigue siendo una lacra que sufren en silencio muchas mujeres que se ven sin alternativas para denunciar en entornos rurales muy aislados.
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Frente a ello, como ha podido comprobar de primera mano Vida Nueva estos días al acompañar una visita de Manos Unidas al país, lucha con fuerza junto a la red Warmi Rikchari, que se traduce del quichua como ‘Mujer, Despierta’.
Con tres veteranas entidades locales
Se trata de una plataforma que integra a tres veteranas entidades locales: la Central Ecuatoriana de Servicios Sociales (CESA), creada en 1967 en defensa de condiciones justas para los agricultores; la Fundación Maquita, fundada en 1985 para promover “el comercio justo, la economía solidaria y el desarrollo comunitario”; y la Fundación Nosotras Con Equidad, surgida tres décadas atrás para acompañar a las víctimas de la violencia intrafamiliar y de género.
Hace tres años, las tres organizaciones se aliaron para fomentar un cambio integral en la región. Y lo hicieron con un ambicioso proyecto que durará cuatro años (tras este último curso, la idea es que las comunidades apoyadas mantengan las riendas de su propio desarrollo) y que cuenta con una fuerte financiación de Manos Unidas, el cuarto pilar del programa.
El empoderamiento de la mujer es el alma de toda la acción, desde la conciencia de que una transformación integral de los contextos locales pasa por mujeres conscientes de sus derechos y que no dependan económicamente de sus padres o maridos. Para los casos más extremos, cuando efectivamente se produce un maltrato físico o psicológico o un abuso sexual, Warmi Rikchari cuenta con varios centros específicos en las provincias del Chimborazo y Tungurahua.
En el centro de Pungalá
En la primera, en la parroquia (municipio) de Pungalá, acompañamos a varios responsables de la plataforma y de Manos Unidas en su visita al Centro de Atención Integral (CAI), donde acompañan a estas mujeres.
Como comprobaremos en otros espacios de la red que conoceremos a lo largo de dos días, los tres ejes que vertebran toda la acción son el acompañamiento psicológico, el legal y la posterior reintegración a la vida, desde una autonomía económica y personal. Para ello, todo gira en torno a tres profesionales fundamentales: un psicólogo, un abogado y un trabajador social.
Además, hay otro aspecto fundamental: conscientes de que muchas mujeres son indígenas y de que viven en entornos rurales muy alejados, los tres trabajadores tienen que hablar en quichua. Un modo de preservar la identidad de ellas y de que, además, puedan expresar plenamente todo el sufrimiento que las oprime. Algo que solo es posible si lo hacen en su lengua.
“Muchos te señalan si apoyas esta lucha”
Nos dan la bienvenida Mario Maza, presidente de la Junta Parroquial, y Mari Luz Baño, su vicepresidenta. Esta reconoce que “es duro luchar contra la violencia de género. Por mi experiencia personal, sé que muchos te señalan si apoyas esta lucha. Lo triste es que ignoran que Pungalá se ha fortalecido gracias a las mujeres y que muchas ya son líderes en sus territorios”.
Por eso, Baño denuncia con fuerza que, “durante mucho tiempo, las mujeres nos hemos callado y sufrido en silencio los muchos casos de violencia que hay en nuestros entornos. Pero, gracias a la ayuda de Warmi Rikchari, ahora son cada vez más las que se atreven a hablar”.
Ante el horror de que, “en lo que va de año, ya llevamos 65 casos de violencia machista solo en este municipio”, siente que “es la hora de alzar la voz, pues el silencio es lo que ha llevado a muchas a la tumba. Ahora, contamos con una gran fortaleza en la que apoyarnos y que ha cambiado la mirada, lo que mejorará la situación de las generaciones venideras”.
El quichua es la lengua del 80% de las mujeres que acuden
En el propio centro nos saluda Israel Motochana, el trabajador social del CAI. Este incide en la importancia de que, con el fin de “reconstruir derechos vulnerados”, todos ellos deben saber hablar quichua: “Es la lengua del 80% de nuestras usuarias. Así que, para esa primera acogida, de la que me encargo yo cuando llegan totalmente rotas, es fundamental”.
En ese sentido, él se encarga de “tratar de conocer lo máximo posible de su historia y realizar una valoración socio-familiar de su situación, lo que comparto con mis compañeros de las área psicológica y legal para saber cómo enfocar el caso. Trabajamos de un modo integral y nos complementamos en nuestro acompañamiento”.
En el momento de nuestro encuentro, “hemos atendido en toda la región a 152 personas en lo que va de 2026”. Además, apunta otro dato muy relevante: “El 74% son mujeres, adolescentes y niñas. Pero el 26% restante han sido hombres, entrando también ahí los menores. Todos ellos son víctimas, desde diferentes perspectivas, de la violencia machista”.
Ofrecen un servicio itinerante por los municipios
Con el fin de llegar más allá, “también buscamos palpar la realidad de la calle y hacemos visitas a domicilio, en un servicio itinerante que incluye los cuatro municipios de la zona. El seguimiento es clave para que, quien se atreve a venir aquí, una vez dado el primer paso, se sienta acompañado”.
Y es que estamos ante una auténtica lacra con muchas manifestaciones, como “la violencia física, la psicológica, la sexual o la económica”. Algo que sufren mucho también los menores, “que rondan en torno a un 10% de los casos atendidos”.
Para hacer frente a tal alud oscuro, también ofrecen talleres donde “trabajamos mucho en clave de sensibilización y formación, para que ellas sepan detectar cuándo están siendo víctimas de violencia y ellos ahonden en modelos de masculinidad positivos y de relaciones saludables con el resto de miembros de la familia”.
Un fondo especial para situaciones de emergencia
Para los casos más graves, cuentan con “un fondo especial con el que ayudamos a mujeres que, literalmente, huyen de sus hogares con lo puesto. Y, cuando hace falta, las acompañamos a la comisaría a presentar la correspondiente denuncia”.
Pasada esa fase de emergencia, cuando la situación ya es más estable, “otro fondo propio busca impulsar proyectos de empoderamiento para que ellas puedan iniciar pequeños negocios con los que asegurarse una autonomía económica”. Algo esencial, pues muchas permanecen atadas a sus maridos violentos por sentir que, si les dejan, sus hijos y ellas mismas quedan en una situación de desamparo.
Luci Poma, abogada del Centro de Atención Integral de Pungalá, en Ecuador. Foto: Miguel Ángel Malavia
La abogada Luci Poma, responsable del área legal, valora mucho el hecho de que ofrezcan un servicio itinerante: “En cada uno de los cuatro municipios puede haber entre 25 y 37 comunidades rurales. A algunas tardamos más de dos horas en llegar, pero tenemos que estar ahí para visibilizar ante esas mujeres que lo necesitan que hay una salida a la violencia que sufren”.
“Muchas veces es la propia comunidad la que se cierra y silencia a las víctimas”
Eso sí, personalmente, el alma se duele “al comprobar lo normalizada que está la violencia en determinados entornos, especialmente en los más alejados de todo. Si indagas un poco al detectar ciertas alarmas, compruebas que muchas veces es la propia comunidad la que se cierra y silencia a las víctimas”.
Ante ello, “un reto es hacernos conocer. Algo a lo que tratamos de responder con el reparto de folletos, la pega de carteles o, lo que funciona mejor, el boca a boca gracias al testimonio de mujeres ya acompañadas por nosotros”
También “trabajamos en coordinación con la policía o la Administración. Como abogada, soy la responsable de presentar las denuncias de abusos o malos tratos, o de requerir al juez solicitudes de alejamiento. Pero también ahondo en lo psicológico y trato de aconsejar a la persona acompañada sobre cómo actuar según la realidad que detecto”.
“Muchas, por miedo, acaban abandonando”
A veces, los procesos son largos “y muchas, por miedo, acaban abandonando y piden retirar los mecanismos de protección que les han sido concedidos, volviendo con sus maltratadores. Yo las acompaño hasta el final, pero ellas son siempre libres de actuar como decidan”.
Consciente de que muchas veces “se repiten los ciclos de violencia, para ello, el acompañamiento psicológico es imprescindible a la hora de tratar de abrirles los ojos. Los tres profesionales vamos siempre a una y nos coordinamos en todos los casos. No tenemos roles cerrados y estamos abiertos a cualquier respuesta en una situación que lo requiera”.
Al fin y al cabo, “sabemos que es una lucha constante para que las mujeres no callen. Eso también conlleva muchas noches difíciles junto a ellas, insistiéndolas en que ‘no estáis solas’”.
La identidad indígena, reflejada en el lenguaje y en la vestimenta
El tercer pilar recae en la psicóloga María Cocha, que también nos abre su despacho para detallarnos cómo “todo cuenta a la hora de acompañar a las mujeres. En mi caso, soy indígena quichua y quiero que eso se refleje en mi lenguaje y en mi vestimenta, pues a ellas les genera confianza cuando vienen. Este es ante todo un espacio de seguridad al que vienen huyendo de un gran peligro”.
María Cocha, psicóloga del Centro de Atención Integral de Pungalá, en Ecuador. Foto: Miguel Ángel Malavia
Sabedora de que “la inmensa mayoría de las víctimas, en torno al 90%, lo son en comunidades indígenas”, ella busca que “se sientan confiadas para romper muchos tabús, empezando por el de ir a una psicóloga. Tienen que entender que es un gran apoyo para ellas y que ‘no están locas’, como les repiten. Vienen con mucho miedo, sin autoestima, y se trata de abrirles las puertas de un hogar en el que no se sientan juzgadas”.
Puesto que “muchas arrastran traumas desde la infancia, buscamos ir a la raíz de sus problemas. Cuesta mucho que se abran, pero lo logramos poco a poco, hasta conseguir que vayan sacando todo lo que tienen dentro. De ahí que siempre insista en que la salud mental es clave. Sin ella, no somos nada”.
Aprender a mirarse en un espejo
Algo que las ayuda mucho es “mirarse en un espejo que tenemos aquí. Al principio, les cuesta, pero con el tiempo vamos consiguiendo que sepan ‘mirarse’ en él. Trabajamos muchas herramientas para que puedan ir viviendo con normalidad en sus propios territorios”.
El último testimonio es el de Benjamín Pullas, director de este CAI de Pungalá. Como comenta en conversación con Vida Nueva, el factor religioso también cuenta: “La mayoría de las comunidades indígenas son evangélicas. Y en ellas los pastores suelen ejercer de muro, imponiendo un tabú en torno a la violencia machista y consiguiendo que ni quisiera se mencione. Es una influencia pastoral negativa y que consolida esta mentalidad del ocultamiento”.
Benjamín Pullas, director del Centro de Atención Integral de Pungalá, en Ecuador. Foto: Miguel Ángel Malavia
Por su experiencia previa como psicólogo clínico en el Ministerio de la Mujer (suprimido por el Gobierno del derechista Daniel Noboa), se felicita al poder haber podido implementar en la red de Warmi Rikchari “las respuestas concretas que necesitamos para hacer frente a la violencia machista”. Y, algo esencial, “encarnándolas en los propios territorios y saliendo al paso de todas aquellas que se sienten solas”.
Feliz al pasar “de la teoría a la práctica”
Ese pasar “de la teoría a la práctica” es fundamental para que “llegue el cambio a las comunidades indígenas rurales más aisladas. Todo gracias a la implicación de nuestros tres profesionales, que van mucho más allá en su compromiso y se involucran personalmente con cada mujer acompañada”.
Todo para promover una auténtica “transformación comunitaria” y que “el buen vivir”, que es el meollo de la identidad indígena, sea también realidad para muchas mujeres que padecen el yugo del machismo bajo un silencio cómplice de los demás.
