Iglesia y oposición lamentan que Alick Banda pasara una noche en la cárcel y denuncian la deriva autoritaria del Gobierno
Hakainde Hichilema, presidente de Zambia. Foto: EFE
La Iglesia y la sociedad zambiana están en shock desde que, días atrás, Alick Banda, arzobispo de Lusaka, fuera detenido por la policía y pasara una noche en la cárcel. De la misma solo salió una vez que, al día siguiente, pudo pagar una fianza de unos 3.600 euros. Pero lo más grave es el hecho por el que se acusa al prelado: ser dueño de un coche que habría sido “obtenido de manera ilícita”.
Además, resulta ciertamente impactante que el caso lo lleve directamente la Comisión de Lucha contra las Drogas (también investiga casos de blanqueo de capitales y delitos financieros), que fue la que le citó a declarar antes de su arresto.
En medio de tanta incertidumbre, la agencia Fides apunta una clave que puede explicar el trasfondo de esta situación: “La detención de Banda se ha relacionado con la de varias figuras de la oposición, arrestadas esos mismos días”. Y es que son muchos los que en el país africano consideran al arzobispo como “próximo” a la corriente política que denuncia el “autoritarismo” del Gobierno actual.
En ese sentido, hay que apuntar que, desde el 13 de agosto, la tensión es máxima en Zambia. Todo después de celebrarse ese día las elecciones generales, que confirmaron que el presidente, Hakainde Hichilema, fue reelegido para un segundo mandato. Sin embargo, la oposición, liderada por Brian Mundubile, no ha cesado desde entonces de denunciar que hubo un pucherazo electoral.
Hasta el extremo de que trató de presentar un recurso ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo de Hichilema bloqueó el proceso administrativo y el mandatario tomó finalmente posesión de su cargo.
En las semanas siguientes se han producido numerosas detenciones, incluida la del líder opositor, Mundubile. En la misma operación fueron arrestadas otras 11 personas y, tras realizarse disparos por parte de la policía, murió tiroteado el exministro Mutotwe Kafwaya.
Tras la detención de Banda, la Conferencia Episcopal de Zambia convocó una sesión plenaria extraordinaria y publicó un duro mensaje firmado por su presidente, Ignatius Chama, arzobispo de Kasama. En la misiva episcopal, la denuncia es clara: “Si se destruyen los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? (Salmo 11,3)”. Así, lamentaron de que “los pilares democráticos del país se están desmoronando bajo el peso de la polarización política, las intimidaciones y las detenciones arbitrarias”.
Por ello, los pastores reclaman que se esclarezca el reciente proceso electoral: “La confianza de los ciudadanos en las elecciones es fundamental para la legitimidad y la estabilidad de las instituciones democráticas”. Mientras, es una condición indispensable que no se cuestionen “los espacios para la libertad de expresión” y que cese “el hostigamiento contra los partidos de la oposición y el debilitamiento del Estado de derecho”.
Ante una crisis de tal envergadura, también se ha manifestado el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM), que ha enviado a la Iglesia zambiana un mensaje en el que le expresan “nuestra solidaridad fraterna y nuestra cercanía en la oración”. En este “momento difícil” para su nación, los prelados del continente reconocen su “gran preocupación” y reclaman que Banda tenga un proceso justo mientras continúa la investigación.
Por su parte, Cáritas Zambia, a través de su director ejecutivo, el sacerdote Gabriel Mapulanga, ha exigido estos días “reformas constitucionales” con el fin de garantizar “la separación de poderes”. Y es que, solo con un poder judicial realmente independiente, se podrá hablar de una democracia plena.
