Han recordado que proteger a los líderes sociales y comunitarios es un compromiso histórico de la Iglesia católica en el país
Líderes sociales asesinados. Foto: Colombia Report
Cáritas Colombia, en el marco de la Semana por la Paz que comenzó este 6 de septiembre, ha expresado su rechazo por los recientes asesinatos de líderes sociales,comunitarios e indígenas en los departamentos del Cauca y Nariño, al sur del país.
Se trata de firmantes de paz, quienes en las últimas semanas de agosto fueron asesinados de manera impune, entre estos, María Ovidia Palechor Anacona, lideresa indígena y comunitaria del Cauca; James Flor, asesinado junto con María Ovidia en el municipio de Cajibío, Cauca, el 1.° de septiembre.
También José Deifer Giraldo y Yerlin Andrey Giraldo, firmantes del Acuerdo de Paz, quienes adelantaban su reincorporación.
Héctor Chalapud, vinculado a la iniciativa Nubes Verdes de Ipiales, Nariño, asesinado el 12 de agosto, y Óscar Gabriel Coral, firmante de paz e integrante de la asociación Nubes Verdes, asesinado el 25 de agosto.
Finalmente Víctor Quiscualtud, líder social de la Victoria, corregimiento de Ipiales, Nariño, asesinado el 31 de agosto.
Cáritas ha condenado estos asesinatos, porque “afectan directamente procesos comunitarios” que esta entidad, junto a otras organizaciones, vienen acompañando en estos territorios.
Además ha recordado que proteger a los líderes sociales y comunitarios es un compromiso histórico de la Iglesia católica en Colombia en apego “con la defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos de las comunidades”.
“Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, este compromiso se ha expresado de manera particular en el acompañamiento a líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, comunidades y firmantes de paz que enfrentan amenazas, desplazamientos y otras formas de violencia”, añadieron.
Advirtieron que estos asesinatos “no son hechos aislados”, puesto que se dan en territorios donde aún persisten disputas entre actores armados ilegales.
Lamentaron que esta violencia contra líderes “debilita las organizaciones comunitarias, genera miedo, restringe la participación social y pone en riesgo procesos de reincorporación, reconciliación y construcción de paz desarrollados durante años”.
Cáritas reiteró que no basta con las medidas posteriores a cada asesinato, sino que “es necesario fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias de prevención, protección y respuesta, atendiendo las particularidades de los territorios rurales y las dinámicas específicas de los actores armados”.
En este sentido, la construcción de paz requiere garantías concretas para la vida, la participación social y el ejercicio libre y seguro de los liderazgos territoriales.
No se justifica que quienes han dejado las armas para reincorporarse sean amenazados, desplazados o asesinados, por eso, piden al Gobierno nacional y regional “garantizar respuestas diferenciadas y adecuadas” según cada caso.
Asimismo han pedido a la Defensoría mantener y fortalecer el seguimiento a las alertas tempranas y a las situaciones de riesgo que enfrentan las comunidades, líderes sociales y firmantes de paz en ambos departamentos.