Tres meses y medio después de que el Defensor del Pueblo activara su protocolo complementario al Plan de Reparación para las Víctimas de Abusos (PRIVA) promovido por la Iglesia, el equipo supervisado por Ángel Gabilondo analiza 450 expedientes. Así lo ha dado a conocer hoy la institución, que reconocería un retraso en sus resoluciones, amparándose en el gran volumen de solicitudes tramitadas.
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De estos 450 casos, 149 se encontrarían ya en la fase final de tramitación para ser reconocidos como víctimas y fijar la indemnización correspondiente que debería acometer la institución eclesial correspondiente. De esos 450 casos, solo se habrían inadmitido cuatro por estimarse que la solicitud no se ajusta a los casos establecidos por el Gobierno y la Iglesia en el acuerdo firmado a principios de año y que se centra en los casos prescritos o con el abusador fallecido.
Un trabajo paralelo
De esta manera, los casos estudiados por el Defensor del Pueblo en estos cerca de cuatro meses prácticamente triplicarían las recibidas por la Iglesia en el año y medio desde que recibiera las primeras peticiones la comisión de expertos configurada por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos. Según los últimos datos facilitados por la comisión PRIVA el pasado mes de abril, desde febrero de 2025, han recibido 156 solicitudes. En total, se han emitido 94 dictámenes de reparación integral, que alcanzarían los 2 millones de euros en indemnizaciones. Desde hace tres meses, la entidad eclesial no ha actualizado su balance, según ha podido saber esta revista.
De izda. a dcha., Ángel Gabilondo, Jesús Díaz Sariego, Luis Argüello y Félix Bolaños en la firma del protocolo antiabusos. Foto: EFE/ Chema Moya
De esta manera, vendría a justificarse la creación de este mecanismo paralelo, tal y como reconoció el propio presidente de los obispos, Luis Argüello, fruto de la desconfianza que algunas víctimas podrían tener hacia un proceso establecido por la Iglesia.
Sistema mixto
Fue el 8 de enero de este año cuando el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER firmaban el acuerdo para crear este sistema mixto Iglesia-Estado para complementar la vía abierta por la Iglesia en septiembre de 2024. El 30 de marzo se aterrizó este trabajo conjunto en un protocolo que establece un engranaje que permite a las víctimas presentar su petición de reparación en el Ministerio de Justicia, que las derivaría al Defensor del Pueblo.
La Unidad de Víctimas, conformada por 16 especialistas en distintas áreas como la psicología o la criminología, está supervisada por Ángel Gabilondo y es la encargada de estudiar cada caso, formular una propuesta de reparación en un plazo máximo de tres meses ampliable que asumiría la Iglesia. O lo que es lo mismo, a través de la nota de prensa facilitada hoy, el Defensor del Pueblo reconoce una demora en estas resoluciones.
En caso de que la víctima no estuviera de acuerdo con la resolución, se establecen distintas vías de recursos internos para llegar a un acuerdo con el visto bueno del Estado y la Iglesia.
