La reforma que prepara el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para reducir las ratios de alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil ha abierto un espacio de diálogo con el sector educativo. En una reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Educación y el subsecretario del Ministerio, Escuelas Católicas ha trasladado su preocupación por una propuesta que, a su juicio, podría comprometer la viabilidad de miles de centros privados.
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La organización asegura compartir el objetivo del Ministerio de ofrecer una atención más personalizada al alumnado y mejorar las condiciones del profesorado. Sin embargo, considera que la reducción de ratios planteada para la etapa de 0 a 3 años resulta “drástica” y reclama que cualquier modificación normativa se acuerde con todos los actores implicados y vaya acompañada de un estudio que evalúe su impacto económico.
Una reducción de alumnos por aula
La propuesta del Ministerio plantea reducir de forma significativa el número máximo de alumnos por educador en el primer ciclo de Infantil: de ocho a cuatro niños en el tramo de 0 a 1 año; de trece a seis entre 1 y 2 años; y de veinte a ocho en las aulas de 2 a 3 años.
Sin embargo, para Escuelas Católicas, una medida de este alcance incrementaría de forma considerable los costes de funcionamiento de los centros privados y pondría en cuestión la continuidad de buena parte del sector. “Antes de tomar decisiones deben tenerse en cuenta todos los sectores implicados”, ha defendido la organización, que insiste en la necesidad de estudiar las consecuencias económicas de la reforma antes de aprobarla.
Riesgo para miles de escuelas
Según los cálculos de Escuelas Católicas, la nueva regulación podría poner en peligro la continuidad de más de 4.000 escuelas privadas que escolarizan a niños de entre 0 y 3 años, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo.
Por ello, durante la reunión con el Ministerio, la entidad ha solicitado la apertura de un proceso de diálogo que permita explorar alternativas capaces de mejorar la calidad educativa sin comprometer la supervivencia de estos centros.
Además, reclama que el Gobierno elabore una memoria económica que cuantifique el coste de la reforma y determine cómo se financiará entre los distintos sectores afectados, así como un calendario de implantación que resulte viable.
Aula de Infantil. EFE/Biel Aliño
Conciliación y libertad de elección
Escuelas Católicas sostiene, además, que el debate trasciende el ámbito educativo y afecta también a la conciliación familiar y laboral. A su juicio, la desaparición de plazas en el sector privado no podría ser absorbida a corto plazo por la red pública, lo que reduciría la oferta disponible para las familias, incrementaría los costes de escolarización y limitaría la libertad de elección de centro.
En este sentido, la organización considera que una reforma de estas características podría entrar en contradicción con las políticas públicas orientadas a favorecer la natalidad y garantizar el acceso de todos los niños a la escolarización en la etapa de 0 a 3 años.
