El presidente Manuel Bretón enfatiza que han defendido “a ultranza” los derechos de los extranjeros en la recta final del proceso abierto por el Gobierno
Un alumno se forma en el Centro de Formación Peñascal de Bilbao, que trabaja con jóvenes migrantes. Foto: Vida Nueva
“Ojalá el millón de migrantes consiga regularizarse”. Es el deseo que expresó esta mañana el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, cuando hoy finaliza el proceso establecido por el Gobierno con unas cifras que doblan las expectativas inicialmente previstas . “Defendimos a ultranza la Iniciativa Legislativa Popular, logramos que nos hicieran caso y nos hemos adherido al decreto”, recordó Bretón, que subrayó cómo “Cáritas ha apoyado todo lo que ha podido en este proceso para ayudar en esta regularización”.
“Nos sorprenden las cifras, porque no podíamos pensar al millón de personas y ojalá lo consigan”, reiteró el presidente de la plataforma social de la Iglesia, durante la presentación de la memoria confederal 2025 de la entidad.
Preguntado por Vida Nueva sobre el reiterado respaldo de León XIV a los migrantes durante su reciente viaje a España y su impacto social, Bretón compartió que “no tenemos la medición exacta de lo que ha podido mover las conciencias de su visita del Papa, pero estoy seguro de que ha movido millones de conciencias”. “En sus principales discursos ha tenido presente la figura de los derechos de los migrantes tienen que recibir como persona en sus países de origen, en tránsito y en destino”, remarcó.
De la misma manera, agradeció a Robert Prevost cómo, con sus palabras y sus gestos, “ha justificado cien por cien el papel que Cáritas y la Iglesia está desarrollando”. “Ojalá se transmita de una forma positiva a la sociedad el proceso de regularización”, enfatizó Bretón.
Lo cierto es que, a la luz de la memoria, Cáritas Española certifica que se ha incrementado el número de migrantes beneficiarios de sus programas en un 35,8% en el último año. Así, el 57% de las personas fueron extranjeros, muchas de ellos, en situación administrativa irregular. Con ellos como protagonistas, se desplegaron recursos, lo mismo de acogida que de trata, empleo, educación o servicio jurídico. Esto hace que los procesos de acompañamiento a estas personas se prolonguen entre uno y dos años. “Nos encontramos con personas en situaciones de grave vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a derechos y están expuestas a múltiples formas de discriminación”, alertó María González Dyne.
Con estas coordenadas, el informe Foessa detalla que siete de cada diez personas en situación irregular se encuentran en exclusión social. Aun así, en España afecta mayoritariamente a personas autóctonas.
González Dyne destacó un incremento de casi el 58% en la atención jurídica, debido a las dificultades que las personas en exclusión se encuentran, lo mismo para regularizar sus papeles en materia de migración, acceder a un alquiler o comenzar una nueva vida tras su paso por prisión. “Los servicios de orientación jurídica van en aumento dentro de nuestra Confederación porque son cada vez más necesarios para poder acompañar a las personas en el acceso a derechos. Son fundamentales en temas penitenciarios, en vivienda, en empleo, y sobre todo ante las dificultades que hay en los procesos de empadronamiento”, reclamó la secretaria general.
