Tras aprobarlo definitivamente el Gobierno el pasado 14 de abril, se calcula que más de medio millón de migrantes podrán acogerse estos meses a un proceso de regularización extraordinaria por el que obtendrán un permiso de residencia y trabajo.
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Una vía abierta a todos aquellos que estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar como mínimo cinco meses de estancia continuada con anterioridad a la solicitud y carecer de antecedentes penales.
Cuatro meses de tensas negociaciones
Significativamente, tras cuatro meses de tensas negociaciones, estos días también se ha confirmado el acuerdo de Gobierno autonómico entre el PP y Vox para que la popular María Guardiola sea investida presidenta de Extremadura.
Un pacto que arrastra una polémica en la política migratoria, pues, según defiende el partido liderado a nivel estatal por Santiago Abascal, fomentará la “prioridad nacional” en los sistemas de acceso a la vivienda pública y las prestaciones sociales. De hecho, este área estará en manos de Óscar Fernández, que será designado vicepresidente y consejero de de Desregulación, Familia y Servicios Sociales.
Una medida cuestionada incluso por la líder del PP en Madrid y presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha recalcado que “yo creo en la ley y en el orden, y por tanto pienso que no puedes, ilegalmente, dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos”.
Advertencia de José María Figaredo
En ese sentido, también ha tenido mucha resonancia la advertencia de José María Figaredo, diputado de Vox y uno de los negociadores del acuerdo extremeño, quien, en una entrevista con El País, ha anunciado que “se suprimirán todas las subvenciones a las ONG que acojan a inmigrantes irregulares, también a las de la Iglesia”.
Una amenaza velada a Cáritas, aunque Miguel Tellado, secretario general del PP, ha asegurado que organizaciones como la principal entidad eclesial del país a nivel social “pueden estar completamente tranquilas”, pues “no van a perder las ayudas”.
Y es que solo quedarán “excluidas” de las subvenciones públicas las ONG sobre las que pese una “sentencia judicial” que dictamine que “colabore en la inmigración ilegal”.
Críticas del Gobierno
El propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha condenado una postura que “traiciona la historia” de Extremadura, una comunidad que, tradicionalmente, ha sido “tierra de migrantes”.
También se ha sumado a las críticas el representante de Sumar Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha denunciado que “los valores que PP y Vox defienden son contrarios a los del cristianismo”. Hasta el punto de “amenazar con la asfixia a ONG relacionadas con la Iglesia católica” por el simple hecho de ayudar a colectivos vulnerables.
Fila para un proceso de regularización migratoria. Foto: EFE
Vida Nueva ha contactado con Cáritas Extremadura, pero sus responsables piden “cautela” y evitan pronunciarse; eso sí, reiterando que, “como siempre, seguiremos poniendo en el centro de nuestra acción la dignidad de todo ser humano”.
Cáritas, “entidad colaboradora” en la regularización
Al mismo tiempo, Cáritas Española se ha comprometido en apoyar la regularización extraordinaria de migrantes al solicitar a la Administración incorporarse como “entidad colaboradora” en el proceso burocrático.
Entendiendo que estamos ante “un paso decisivo hacia una sociedad más justa e inclusiva, capaz de garantizar derechos y oportunidades a miles de personas”, esta y muchas otras entidades eclesiales, empezando por varias diócesis y parroquias, están abriendo espacios para aconsejar a quienes afrontan la tramitación de los documentos requeridos, ofreciéndoles “mensajes claros” para “evitar estafas”.
