Obispos de Ipiales y Tulcán exhortan a los gobiernos de ambos países buscar soluciones dialogadas a las tensiones comerciales
Frontera colombo ecuatoriana
La grave crisis en la frontera colombo ecuatoriana, entre el departamento de Nariño (Colombia) y la provincia del Carchi (Ecuador) ha activado las alarmas de la Iglesia en esta región.
La violencia por las economías ilegales y la guerra arancelaria entre el gobierno de Daniel Noboa y Gustavo Petro ha puesto en jaque a las poblaciones de Ipiales y Tulcán respectivamente.
Por ello, la Iglesia considera necesario “recordar que no es moralmente aceptable que las comunidades más vulnerables carguen con las consecuencias de la inseguridad, la pobreza o la falta de oportunidades”.
Al mismo tiempo los obispos de estas jurisdicciones han expresado su cercanía con las familias afectadas por el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras expresiones de inseguridad que “afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”.
Los obispos de Ipiales y Tulcán, fieles a la misión de anunciar el Evangelio y defender la dignidad humana, elevan el clamor de estas comunidades sojuzgadas por la violencia para pedir a las autoridades de ambas naciones busquen el diálogo y soluciones que “favorezcan el bien común”.
Están preocupados por las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, porque impacta la dinámica fronteriza por el puente de Rumichaca, principal conexión terrestre entre ambos países.
Ha disminuido significativamente el flujo comercial y el tránsito de carga “afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”.
“En nuestras comunidades fronterizas se vive una realidad marcada por la incertidumbre económica, la fragilidad social y múltiples desafíos que afectan la convivencia y el bienestar de la población”, subrayaron.
Los prelados recordaron que “muchos comerciantes, agricultores, ganaderos, transportistas, cambistas de moneda y trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza para su sustento diario”.
Por ello, hay un clima de incertidumbre en numerosas familias. Consideran que es urgente “recuperar y preservar el espíritu de fraternidad y convivencia que históricamente ha caracterizado a las comunidades de esta frontera”.
Además han advertido que el avance de las economías ilegales destruye el tejido social en la frontera, por ende, demandan medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.
“La urgencia de promover acciones integrales que protejan el territorio, cuiden la creación y ofrezcan alternativas económicas dignas y sostenibles para las comunidades de frontera”, añadieron.