Al descubierto el sistema para tapar abusos del Vaticano que denunció Benedicto XVI y combatió Francisco

Difundida a primera hora de la mañana de este 19 de marzo, una amplia investigación del diario alemán Correctiv, firmada por los redactores Anna Kassin y Marcus Bensmann, está teniendo un enorme impacto mundial. El trabajo periodístico, que culmina dos años de investigación y en el que han colaborado estrechamente otros medios internacionales (El País, en España; The Boston Globe, en Estados Unidos; Observador, en Portugal; y Casa Macondo, en Colombia), ofrece una serie de documentos a los que ha tenido acceso y que “revelan la existencia de crimen organizado en el Vaticano”, impulsándose desde Roma un sistema de ocultación de los abusos sexuales contra menores.

Y es que, según estos medios, “durante al menos 100 años, la jerarquía de la Iglesia católica ha intentado mantener en secreto los peores actos de violencia contra niños, haciéndolos desaparecer en un sistema burocrático”.

De siete países

Correctiv tiene en su posesión hasta 20 cartas que ha recopilado durante dos años. En dichas misivas se comprueba que “obispos de Estados Unidos, Italia, Colombia, Portugal, Australia, Austria y Alemania escribieron al Vaticano porque sacerdotes habían abusado sexualmente de niños. Y el Vaticano respondió”.

Siguiendo unas supuestas directrices en una institución jerarquizada como la Iglesia católica, “los documentos revelan que los empleados del Vaticano asignaban sistemáticamente números de caso a los delitos. Se recopilaban informes de crímenes sexuales cometidos por sacerdotes de todo el mundo, se archivaban meticulosamente, se clasificaban y se encubrían. Esta era la única manera de que los abusos pudieran continuar”. Algo que fue “especialmente devastador para las víctimas”.

En este punto, surge una reflexión, pues, durante las últimas dos décadas, han salido a la luz numerosos casos de abusos ocurridos en algunos casos desde al menos un siglo antes. Y llamaba la atención que, ante realidades tan dispares en lo geográfico y en lo eclesial, como India, Colombia, Australia, Alemania o Senegal, por citar algunos ejemplos, la respuesta eclesial siempre fuera la misma: ocultación del caso y cambio de destino del sacerdote acusado, sin avisar nunca a las autoridades locales.

En ese vacío, el medio alemán apunta una clave fundamental: “Si bien las críticas públicas y las exigencias de aclaración se dirigieron durante mucho tiempo principalmente a los obispos locales, los archivos revelan que faltaba una parte de la historia. Se ha hablado muy poco sobre la responsabilidad de la autoridad central. El Vaticano no solo tenía conocimiento de los abusos, sino que a menudo actuó con retraso, llegando incluso a revocar sanciones y manteniendo un secretismo absoluto”.

“Una cultura del silencio mortal”

Ahí, citando una frase de 2012 del arzobispo de Charles Scicluna, uno de los grandes referentes de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en la Iglesia se impone “una cultura del silencio mortal”. Lo que no impide a Correctiv detallar cómo “el rastro de los archivos va desde el exterior, a través de las diócesis, hacia el interior, hasta el centro: Roma”.

Como se reconoce, el panorama cambió a partir de 2002, con la investigación del ‘Boston Globe’ en la que se reveló una gran cantidad de abusos en la Archidiócesis de Boston, pastoreada por el cardenal Bernard Law. En cambio, en vez de rendir cuentas ante las autoridades locales, la respuesta de Juan Pablo II fue trasladarle de Estados Unidos a Roma, donde se le concedió el importante título de arcipreste de la basílica papal de Santa María la Mayor. Allí, tras morir en 2017 fue enterrado (simbólicamente, ese mismo templo acoge los restos de Francisco). Todos estos hechos se narran en la película ‘Spotlight’, que en 2015 generó una gran conmoción mundial y que también sirvió de acicate para que la Iglesia incidiera en la voluntad de dar una respuesta firme.

A juicio del medio germano, esa primera gran investigación mostró “la verdadera magnitud de los abusos por parte de sacerdotes. El número superaba con creces los incidentes aislados: hoy en día, se conocen aproximadamente 200 perpetradores solo en Boston. Utilizando documentos internos, el equipo de periodistas pudo demostrar cómo la jerarquía eclesiástica local trataba a los perpetradores: cómo los cardenales los ponían habitualmente de baja por enfermedad o los trasladaban para encubrir sus crímenes”.

En este punto, se detalla un punto de especial gravedad al hacer referencia a que, “en una carta de 1981, el obispo de Oakland, California, solicita al Vaticano la expulsión del sacerdocio de un abusador convicto. El caso permanece en Roma durante seis años, hasta que el papa Juan Pablo II destituye al sacerdote. Durante este tiempo, Joseph Ratzinger se convierte en prefecto de la Oficina para la Protección de los Sacerdotes y, por lo tanto, responsable del caso. Durante los seis años que duró el proceso, el agresor volvió a abusar de menores”.

Retrasos de hasta siete años

Además, se narra “otro caso en Italia que llegó hasta el Vaticano. En 2003, un obispo contactó personalmente a Ratzinger en relación con un caso de abuso. En 2010, un empleado de la Congregación para la Doctrina de la Fe preguntó sobre el estado del proceso. Para entonces, el informe ya tenía siete años. Dos días antes de esta carta, el propio sacerdote había presentado su solicitud de expulsión del sacerdocio”.

Puesto que todas las cartas van signadas respectivamente con “un número de protocolo, esto demuestra que el Vaticano no solo tenía conocimiento de los abusos desde el principio, sino que también los clasificó sistemáticamente”.

Como recalca Correctiv, “la oficina donde convergen estas cartas es una de las más antiguas y poderosas del Vaticano: el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”. Siendo su prefecto entre 1982 y 2005, el cardenal Joseph Ratzinger, sucesor de Wojtyla como Benedicto XVI, se observa que “su firma aparece en muchas de las cartas secretas”.

Algo significativo, pues, siendo pontífice, el alemán fue el primero en levantar la voz contra los abusos y exigir una “tolerancia cero” contra ellos. Después, siendo consciente de su falta de fuerzas para acometer una lucha firme ante un fenómeno tan grave, esa fue una de las causas de su renuncia en 2013, cuando le sucedió un Jorge Mario Bergoglio que impulsó una histórica respuesta frente a esta lacra eclesial, con muchos gestos y, sobre todo, con decisiones de gobierno concretas.

¿Se informaba a Roma?

Con todo, “los documentos contradicen una excusa común utilizada por la Iglesia respecto a su responsabilidad de investigar los abusos: los obispos alegaban no haber informado antes a Roma de los casos porque, supuestamente, solo en 2001 se hizo obligatorio informar al dicasterio sobre los perpetradores. Esta norma fue introducida por Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger. Sin embargo, las investigaciones demuestran que muchas cartas llegaron al Vaticano ya en las décadas de 1980 y 1990; una incluso sugiere que se presentó un informe en 1972”.

La dimensión global del fenómeno se obtiene al comprobar que “la autoridad había enviado previamente dos instrucciones secretas a los obispos, estipulando que los funcionarios eclesiásticos debían informar a la autoridad sobre los casos graves ya en 1922 y 1962. Por lo tanto, es probable que la oficina central haya estado al tanto de los delitos cometidos por sacerdotes durante 100 años”.

Además, “para algunos perpetradores, incluso se revocaron las sentencias”. Así, el diario alemán tiene en su poder “dos cartas en las que el cardenal Ratzinger rehabilitó a delincuentes”. En uno de los casos, en Portugal, “un monje franciscano que abusó de una niña en 1956 fue denunciado a Roma en 1972”. Si bien por un lado se explica que “esta carta no se encuentra” (lo que puede hacer dudar de si fue destruida), otra misiva firmada por el prefecto germano en 1991 sí “lleva el número de protocolo 174/72” con el que se signó ese asunto concreto. Además, en ese documento se alivió la situación del franciscano, pues se “le levantó parcialmente la prohibición de confesar después de 20 años”.

Siendo Ratzinger el primer papa alemán de la Iglesia y teniendo en cuenta que el medio es germano, se pone mucho el foco en su acción esos años como prefecto. Y, así, se encuentran acciones dispares según cada situación concreta: “En algunos casos, también impuso castigos; algunos perpetradores fueron expulsados del sacerdocio o excomulgados de la Iglesia. Sin embargo, readmitió a un perpetrador alemán, a quien había excomulgado, en la Iglesia después de unos tres años. Esto permitió que el hombre, de quien la Iglesia sabía que había abusado de menores, reanudara su labor sin restricciones en una nueva diócesis”.

La intención de evitar escándalos

Pero, más allá, de un modo global y centralizado, subyace “la verdadera intención de la jerarquía de la Iglesia: proteger la institución y evitar escándalos”. Así, si se incurría en el ocultamiento era “por el bien de toda la Iglesia”…

También se cuenta con el testimonio de Damiano Marzotto, que llegó a ser subsecretario de Doctrina de la Fe. Algo que da gran credibilidad a la investigación, y más cuando este reconoce que “todos los casos de abusos por parte de sacerdotes suelen archivarse de forma confidencial”. Y es que el dicasterio, según habría admitido Ratzinger en una entrevista en 1998, contaría con “una caja fuerte especial” con documentos relativos a sacerdotes que “no deben publicarse”. Además, “según diversas fuentes, algunos expedientes también se conservan en el archivo de la Secretaría de Estado, una entidad que integra la Cancillería Federal y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Pese a todo, “es imposible precisar cuántos documentos hay en total en los archivos del Vaticano”. Y más cuando “el secretismo permitió que los crímenes contra niños continuaran durante décadas; inicialmente, por obispos que no denunciaban a los perpetradores a Roma o lo hacían después de varios años, y que negociaban acuerdos para guardar silencio con las víctimas. Posteriormente, funcionarios del Vaticano como el cardenal Ratzinger endurecieron aún más la exigencia de secreto en 2001”.

Esta “fue levantada por el papa Francisco en 2019”. Y, “en los últimos años, bajo la presión pública, la jerarquía de la Iglesia, incluyendo a Francisco, ha modificado partes del Derecho Canónico. Ahora, los obispos enfrentan sanciones, incluso la destitución, si no denuncian los casos; también se han mejorado las medidas de prevención”.

Frente a los nazis

Otro punto especialmente grave es cuando se denuncia que “el Vaticano no solo creó un archivo secreto de expedientes de abuso, sino que incluso ordenó la destrucción de documentos sensibles”. Concretamente, se documenta “una directiva del Vaticano a Viena en 1938, poco después de la invasión de Austria por Hitler”. En ella, se exigía que “los archivos sobre el abuso sexual infantil debían ser quemados, aparentemente por temor a que el material cayera en manos de los nacionalsocialistas”.

Eso sí, se apunta que “la orden manuscrita nunca salió de Roma; solo se mostró al mensajero que llevaba el mensaje a Austria”. Además, “sorprendentemente, la orden manuscrita no tiene número de protocolo”.

Salvo esa orden en Austria, el resto de documentos sobre abusos están archivados con “un número de protocolo”. Excepto otro documento, “una carta de Joseph Ratzinger al sacerdote Peter H. Irónicamente, un caso que concierne a su antigua archidiócesis”, Múnich y Freising.

Fue “en 1980, dos años antes de que Ratzinger se trasladara a Roma. En una reunión en Múnich, se decidió aceptar al sacerdote Peter H. de Essen. Ya había abusado de niños en Bottrop y Essen y debía someterse a terapia en Múnich. Sin embargo, la terapia resultó infructuosa: en el verano de 1986, H. fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso infantil y condenado a libertad condicional y una multa. Los jueces no impusieron restricciones a su trabajo con niños y jóvenes, a pesar de que un experto le había diagnosticado pedofilia. Todo esto era conocido dentro de la archidiócesis”. Sin embargo, el arzobispo “quería readmitir al sacerdote”.

Volvió a trabajar con jóvenes

Hasta el punto de que, efectivamente, “se le permitió regresar a su trabajo y supervisar a jóvenes. Esta reincorporación no estuvo exenta de consecuencias: Peter H. abusaría de varios niños también en su siguiente parroquia”, en Garching an der Alz, en la Alta Baviera. Tras “salir a la luz pública” en 2010, “el proceso judicial aún continúa”.

También se analiza la actuación de Ratzinger frente a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y uno de los referentes eclesiales en el largo pontificado de Juan Pablo II. Tras “llegar el caso a su escritorio”, era evidente que no era uno cualquiera… y es que Maciel “aportó a la Iglesia católica, a través de su organización, numerosos sacerdotes jóvenes y considerables sumas de dinero. Altos cargos de la Curia se beneficiaron de su red y gozaba del favor personal de Juan Pablo II”.

Así, “que había estado abusando de estos jóvenes sacerdotes durante décadas, era conocido en el Vaticano desde las décadas de 1940 y 1970. Algunos de ellos recurrieron al Vaticano a partir de 1997”. Sin embargo, “el cardenal Ratzinger tuvo que suspender las investigaciones contra Maciel debido a su gran influencia. Poco después de ser elegido Papa, Ratzinger instruyó a su antigua oficina para que finalmente castigara a Maciel. El sacerdote, de 85 años, fue condenado a dedicar el resto de su vida a la penitencia y la oración”.

De ahí la conclusión del medio alemán, que considera una “leyenda” el argumento de que “Ratzinger no tuvo poder alguno hasta la muerte de Juan Pablo II, pero intervino cuando este último ya no pudo proteger a Maciel”. A su juicio, si bien este no pudo actuar plenamente contra quien fue “sin duda influyente”, se le afea que, en cambio, sí “podría haber intervenido en los casos de otros perpetradores que nadie fuera de sus comunidades conocía: en Oakland, en Portugal, en el caso de Peter H. y en muchos otros casos”.