El Pleno del Congreso de los Diputados abordará este martes, 17 de marzo, una Proposición no de Ley, PNL, impulsada por el Partido Popular. La iniciativa insta al Gobierno a situar la defensa de las minorías cristianas y la libertad religiosa como ejes prioritarios de la política exterior y la cooperación internacional de España. Para lograrlo, el texto plantea diversas líneas de actuación a nivel diplomático, jurídico y de sensibilización.
El punto central de la propuesta exige al Ejecutivo “defender la inclusión de la libertad religiosa y la protección de las minorías cristianas como condición en los acuerdos internacionales de la UE y de España con terceros países, vinculando la cooperación y las relaciones bilaterales al respeto efectivo de los derechos humanos”, según recoge Europa Press.
Los populares reclaman una mayor contundencia en foros como la ONU, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En este sentido, proponen impulsar “la realización de informes y resoluciones firmes de condena de las masacres y persecuciones de cristianos, promoviendo el reconocimiento de estos actos como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”. También, “apoyar la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia para documentar, juzgar y sancionar a los responsables de ataques, masacres y crímenes cometidos contra comunidades cristianas en el mundo”; así como garantizar la protección de comunidades en riesgo para “prevenir la migración forzosa”, especialmente en zonas afectadas por extremismo.
La iniciativa se apoya en datos de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y Open Doors, advirtiendo que más de 365 millones de cristianos (uno de cada siete en el mundo) sufren niveles altos de persecución en países como Nigeria, Pakistán, India, Siria o Corea del Norte. A la vista de estos datos, el PP concluye que “el derecho a la libertad religiosa no sólo está amenazado a nivel mundial, sino que se encuentra en serio peligro de desaparecer”. La formación enmarca esta situación como “una auténtica tragedia humanitaria y también cultural, pues la desaparición de los cristianos en esas regiones supone además de una violación de los derechos humanos, una pérdida de una parte esencial de la historia universal”.
La PNL finaliza con una apelación directa al papel diplomático del país: “España, como Estado comprometido con los derechos humanos y miembro de la comunidad internacional, no puede permanecer en silencio ante esta tragedia. Más allá de la visibilización, es necesario adoptar medidas concretas que contribuyan a detener las masacres, proteger a las víctimas y promover la justicia internacional frente a estos crímenes atroces”.
