“Nos preocupa profundamente la tendencia a elevar el aborto a la categoría de ‘derecho’, incluso con rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales”. Así de contundente se muestran los obispos ante el anteproyecto de reforma constitucional del Gobierno de Pedro Sánchez para blindar el aborto en el artículo 43 de la Constitución, que, cinco meses después de su aprobación en Consejo de Ministros, se encuentra en vías de tramitación en el Congreso.
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La Conferencia Episcopal Española lanzó el 10 de marzo su mensaje con motivo de la Jornada por la Vida, que se celebrará el próximo 25 de marzo bajo el lema ‘La vida, un don inviolable’.
Como reconoce la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, liderada por José Mazuelos, obispo de Canarias, “la defensa de la vida no es solo una cuestión de fe, sino una exigencia de la recta razón y de la ciencia”.
Una “contradicción”
Para Miguel Garrigós, secretario de la Subcomisión, “un derecho fundamental, como el derecho a la vida, no puede coexistir con un ‘derecho’ a destruir esa misma vida. Elevar el aborto a rango constitucional o de derecho humano constituye una contradicción”, asevera.
Preguntado también por ‘Vida Nueva’, Rafael Amo, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, sostiene que, “desde un punto de vista bioético y jurídico, el aborto difícilmente puede ser elevado a la categoría de derecho, porque entraría en conflicto directo con uno de los principios fundacionales del orden jurídico internacional: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental”.
Para el profesor, “en el sistema de derechos humanos –que constituye la base del ordenamiento jurídico de las democracias contemporáneas– los derechos humanos se consideran inviolables e inalienables”. Por tanto, “reconocer un supuesto derecho a terminar con una vida humana supondría una contradicción interna del propio sistema de derechos, una verdadera ‘contradictio in terminis’: no puede afirmarse simultáneamente la inviolabilidad de la vida y un derecho a eliminarla”.
Y prosigue en su argumentación: “Si además se incorporara a la Constitución, el problema sería aún mayor. Se trataría de una incorporación jurídicamente problemática, porque introduciría en el nivel más alto del ordenamiento una tensión con el principio básico que sostiene todo el edificio de los derechos humanos”.
La realidad es que los expertos señalan que no existe consenso en el campo de la bioética sobre si el aborto puede constituirse como derecho. “Una parte importante del debate actual se sitúa más en el terreno político que en el estrictamente bioético. La formulación del aborto como derecho responde en muchos casos a decisiones legislativas y a determinadas orientaciones ideológicas, con intenciones que no están claras”, sostiene Amo.
