Advierten que estas decisiones tan delicadas que “afectan la identidad de los menores no pueden adoptarse” a la ligera “sin considerar las consecuencias profundas y duraderas”
Registro civil en Ecuador
La Corte Constitucional de Ecuador ha suscrito un fallo – con cinco de nueve votos – que permite a menores de entre 12 a 18 años, acompañados de sus representantes legales, cambiar su identidad de género.
La Corte concluyó que la regla establecida en los artículos 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y el artículo 32 del reglamento, que admite para esta rectificación la mayoría de edad, lo cual afecta de manera “desproporcionada” el libre desarrollo de la personalidad.
Los obispos ecuatorianos, mediante comunicado, discrepan de ello; al contrario, han advertido que una medida de esta naturaleza genera graves riesgos para el desarrollo integral de los adolescentes.
“La adolescencia es una etapa de maduración psicológica, emocional y social, en la que la personalidad y la identidad aún se encuentran en proceso de consolidación”, apuntaron.
Alertaron que una decisión de este calibre es “un acto esencialmente irreversible” por Ley y aseguraron que “no puede afirmarse que los adolescentes cuenten con la madurez suficiente para asumir decisiones jurídicas permanentes que afectarán de manera profunda y duradera su vida futura”.
Los prelados también observaron que el fallo adolece de legitimidad, porque fue adoptado por “una mayoría estrecha” dentro de la propia Corte Constitucional con solo cinco votos y cuatro salvados en los que “advierten graves inconsistencias jurídicas en la decisión adoptada”.
Recordaron que el artículo 94 de la Ley de Gestión de Identidad “es claro en reservar el cambio de género a mayores de edad y fue ratificado varias veces por la Asamblea Nacional”.
Por ello, es importante abrir un debate amplio y técnico, establecer los límites y condiciones de este tipo de cambios jurídicos. A ello se suma el caso Amada, un niño menor de 12 años que también ha solicitado rectificación.
“Mientras la sentencia reciente se refiere a adolescentes, este nuevo caso podría abrir la puerta a decisiones similares respecto de niños”, han dicho.
Los prelados han pedido a las autoridades públicas, a las instituciones del Estado y a la sociedad ecuatoriana reflexionar con prudencia sobre las consecuencias jurídicas, sociales y humanas de este tipo de decisiones.
“La protección de la niñez y de los adolescentes exige responsabilidad, prudencia y un compromiso firme con la dignidad de cada persona”, añadieron.
Estas decisiones tan delicadas que “afectan la identidad de los menores no pueden adoptarse” a la ligera “sin considerar las consecuencias profundas y duraderas que pueden generar en sus vidas”.
Al respecto, han pedido a la Asamblea Nacional ejerza plenamente su competencia para legislar en materia “con claridad los límites y garantías necesarias” para proteger a los menores de edad.
