El Vaticano ha puesto punto final al caso de Philippe Madre, una de las figuras históricas de la Comunidad de las Bienaventuranzas, tan influyente en Francia. Según ha trascendido, el Tribunal de la Signatura Apostólica —la máxima instancia judicial de la Santa Sede— desestimó en enero su último recurso de apelación, confirmando de manera irreversible su culpabilidad por abusos sexuales y su expulsión definitiva del sacerdocio.
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Madre, médico de profesión y exdiácono, ejerció como moderador general de la comunidad entre 1985 y 1992. Aunque su salida del estado clerical se produjo inicialmente en 2010, el acusado había mantenido una batalla canónica en Roma durante años para intentar rehabilitar su nombre, alegando vicios de forma en los juicios eclesiásticos previos.
Un historial de manipulación
Las investigaciones internas revelaron un patrón de conducta en la casa comunitaria de Cordes-sur-Ciel (Francia). El acusado aprovechaba su posición de autoridad bajo una “triple confusión de roles”: actuaba simultáneamente como superior jerárquico, acompañante espiritual y médico de cabecera de las víctimas. Los testimonios recogidos en el proceso describen un ambiente de “control total” a jóvenes monjas que sometía a abusos sexuales bajo el pretexto de una supuesta “comunión especial querida por Dios”. Como médico, Madre también fue acusado de prescribir fármacos potentes para anular la voluntad de las víctimas, algunas de las cuales sufrieron graves secuelas psicológicas.
Pese a la contundencia de la Santa Sede, el caso deja un sabor amargo entre las víctimas debido a la disparidad con la justicia civil francesa. As, mientras fue condenado en tribunales eclesiásticos en 2010 y 2011, la justicia civil francesa archivó el caso en 2018 por falta de pruebas. Ahora, la decisión de Roma ha sido comunicada de forma privada a las víctimas supervivientes. Para una de las denunciantes “si la Iglesia hubiera dado marcha atrás, habría sido catastrófico”, señala a La Croix.
A sus 75 años, Philippe Madre ha intentado ejercer la medicina privada tras su expulsión. Ahora ya no cuenta con ninguna vía de apelación posible dentro del derecho canónico. Este fallo refuerza la línea de tolerancia cero de la Santa Sede frente a los abusos de poder y sexuales en las nuevas comunidades religiosas.

