Santiago Gómez se ha unido a las reticencias de José Ignacio Munilla y Jesús Sanz ante la última iniciativa del Gobierno
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha advertido de un posible “efecto llamada” por la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno.
“Cualquier medida que tomemos que provoque un efecto llamada, podemos estar haciendo un bien inmediato, pero estamos provocando al mismo tiempo, a lo mejor, muchas muertes que ese efecto llamada tiene en muchos otros”, ha avisado Gómez en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press.
El obispo de Huelva ha matizado que coincide con la posición de la Iglesia española y la doctrina de la Iglesia de “dar prioridad, naturalmente, a la voluntad de cada persona”. “En eso no tenemos ninguna diferencia, ya que la persona concreta tiene una dignidad y, por tanto, unos derechos inalienables que tenemos siempre que acoger y que respetar”, ha abundado.
Al respecto, ha mencionado la “experiencia” de Huelva con la inmigración, ya que “miles de personas vienen todos los años con contratos unos meses y vuelven de nuevo, cuando termina la temporada de frutos rojos”.
Sin embargo, ha puesto el acento sobre “un dato que le llama mucho la atención”, y es que los obispos de África pidieron a la Iglesia española que “desengañara a sus jóvenes porque venían engañados creyendo que llegaban aquí al paraíso” y así “que no cayeran en el engaño de esa inmigración masiva que muchas veces los pone en manos de mafias y en manos de gente así”.
“Por eso, la ayuda de la Iglesia y de Cáritas en origen debe ser un camino importante para cuidar, porque cualquier medida que tomemos que provoque en definitiva un efecto llamada, podemos estar haciendo un bien inmediato, pero estamos provocando al mismo tiempo pues a lo mejor muchas muertes que ese efecto llamada tiene en muchos otros”, ha señalado.
Al respecto, el obispo ha asegurado que la inmigración es “un tema muy serio” para la Iglesia y para la propia sociedad y los responsables políticos, pero que “hay que examinar en toda su amplitud”. “Pueden haber medidas que sean muy espectaculares, pero que después tengan efectos que no son del todo deseables”, ha añadido.
El obispo de Huelva se suma así al grupo de prelados que se han mostrado críticos estos días con la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno.
Por su parte, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, aseguró este jueves que “todos” los migrantes “no caben” en España y pidió “medidas sensatas”, frente a la regularización extraordinaria.
“Fui extranjero y me acogisteis” (Mt 25). Los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida. Pero ¿cuántos podemos asumir? Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan”, señaló en un mensaje publicado en la red social ‘X’ y recogido por Europa Press.
Por su parte, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, acusó al Gobierno de “utilizar como moneda de cambio” a los migrantes y pidió que esta cuestión se debata en el Parlamento con “los matices convenientes”.
“Acertijo: Adivina, adivinanza: ¿En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el ‘decreto ómnibus’ a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y Podemos?”, planteó Munilla en un mensaje difundido a través de su cuenta de ‘X’.
El prelado respondió que “ambas son estrategias para conseguir otros fines” y denunció que “esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio” de los “gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio”.
Además, apuntó que “en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a los jubilados como a la de facilitar la regularización de los inmigrantes que trabajan honradamente” y rechazó “la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano” en EEUU. Si bien, indicó que, al abordar cuestiones de “tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes”.
Estas declaraciones contrastan con las realizadas el pasado martes por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien celebró la medida y la definió como un “reconocimiento de la dignidad humana”.
“Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, destacó Argüello, al tiempo que se alegró “porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común” pueden “iniciar un proceso de regularización”.
En todo caso, advirtió de que esta regularización podría haberse aprobado “hace meses” y que sale adelante ahora por “un momento de oportunidad política”. “Ciertamente, este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás, porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca”, indicó en un vídeo publicado por la CEE
