El presidente de la CEE valora que “muchas personas que estaban trabajando no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común”
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en un encuentro
Tras el acuerdo alcanzado ayer con Podemos, el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado, este martes 27 de enero, un proceso de tramitación de urgencia que, en unas semanas, debería culminar con la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes. Así, se beneficiarán de este paso todos aquellos que puedan acreditar que, antes del 31 de diciembre de 2025, llevaban al menos cinco meses residiendo en nuestro país.
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha difundido un videomensaje en el que reconoce que “el decreto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad”. Al fin y al cabo estamos ante “personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos y sociales, a los colegios, y encontrándose con este muro de la falta de legalización”.
Por ello, el arzobispo de Valladolid considera que “es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”. Y eso que “este decreto podría haberse firmado hace meses”, como reclamaban las organizaciones eclesiales y civiles que, desde 2023, promovieron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que logró 600.000 firmas de apoyo y que busca promover una regularización extraordinaria de migrantes a través de un Pacto de Estado entre los diversos partidos políticos, por vía parlamentaria.
Aunque la Iglesia insistió en este paso “tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración”, la ‘luz verde’ ha llegado “ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorece”.
Además, para Argüello, “supone también un reconocimiento, para nuestra propia salud democrática, de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada, uniéndonos entidades eclesiales con grupos de otros ámbitos y otras formas de vivir y de pensar, pero que hemos confluido en esta apuesta común por la regularización de la dignidad y de lo que significa el bien común desde la subsidiaridad del trabajo de las organizaciones sociales”.
Finalmente, el presidente de los obispos enfatiza que “el desafío de la integración de los inmigrantes continúa, como los retos de la integración cultural y la necesidad de regular los flujos migratorios. Y esto, difícilmente, se podrá hacer sin un acuerdo en la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban trabajando no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común”.
“Quiera Dios que este proceso de pertenencia plena a nuestra sociedad sea posible, desde el reconocimiento de su dignidad”, concluye Argüello.
Horas antes, a través de un comunicado conjunto, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) habían celebrado una “medida” que supone “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que, con su trabajo, llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular”.
Con todo, desde la Iglesia española se anima a que no caiga en el olvido la ILP y que esta tenga una base más profunda y sólida. Lo que pasa “por alcanzar un Pacto de Estado entre los diversos partidos políticos y que se visibilice con un fuerte consenso en el Congreso de los Diputados”.
